El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente han protagonizado una bronca este miércoles durante la declaración como investigado del exdirigente socialista en el marco de la trama Koldo: "Esto no es el Congreso".
Ábalos se ha negado a declarar en el Supremo alegando que se sentía "indefenso", después de que el instructor no aceptara que renunciase a su abogado José Aníbal, a solo 48 horas de su comparecencia. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE llegaba solo a las 9:15 de la mañana al Alto Tribunal tras ser citado por cuarta vez. Todo ello, después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregara su último informe patrimonial sobre el exministro de Transportes.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el magistrado Leopoldo Puente iniciaba la vista preguntando a José Luis Ábalos si quería declarar. Ábalos, muy desafiante y envalentonado ante el juez, iniciaba un alegato político y afirmaba que tenía inmunidad parlamentaria. Además, rebatía al propio Puente asegurando que la renuncia a su abogado no constituía un fraude de ley y que dicho fraude de ley se hubiera producido si hubiera renunciado a su acta de diputado".
"El juez tomaba entonces la palabra y Ábalos comenzaba a hablar a la vez. Por ello, el magistrado le pedía que no lo interrumpiera hasta en tres ocasiones. Puente ponía punto y final al discurso del exministro de Transportes afirmando que esto no es el Congreso y que no se trataba de intercambiar opiniones, sino que únicamente tenía que contestar si quería declarar o no en sede judicial. Ábalos contestaba entonces que se acogía a su derecho a no declarar", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el exministro de Transportes ha permanecido en la sala de vistas unos 40 minutos, ya que tras su negativa a comparecer se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón tomó la palabra y no solicitó la prisión provisional para el exdirigente socialista, limitándose a pedir que se mantuvieran las medidas cautelares ya acordadas el pasado mes de febrero. Es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio y comparecencias en el juzgado".
"Luzón sí apreciaba cierto riesgo de fuga para Ábalos, matizando que este se mitigaba al ser el exdirigente del PSOE actualmente diputado del Congreso, tener arraigo en España y disponer de una fuente de ingresos. Añadía que los indicios delictivos contra el exministro son poderosos y se han reforzado tras el último informe de la UCO", apuntan.
"Por su parte, las acusaciones populares representadas en la vista por el PP, a excepción de ADADE, sí pedían prisión provisional incondicional para el exministro de Transportes, o subsidiariamente, prisión eludible bajo fianza de 650.000 euros, al considerar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Además, solicitaban al instructor que envíe a Ábalos a una cárcel que no fuera Soto del Real, donde se encuentra recluido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para que no mantuvieran ningún tipo de comunicación", subrayan.
Cabe destacar que finalmente el magistrado Leopoldo Puente acordó mantener en libertad a Ábalos, sujeto a las medidas cautelares que ya estaban acordadas.
El "estupor" de Puente
En su auto, el magistrado Leopoldo Puente descartaba el riesgo de reiteración delictiva y el de alteración de fuentes de prueba. Sin embargo, sobre el riesgo de fuga coincidía con el fiscal en que concurría un riesgo cierto, aunque no lo suficientemente intenso, de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia para acordar su ingreso en prisión provisional. "Conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas se robustece; y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral, lo que, acaso, pudiera justificar, como sugirió el fiscal en su informe, la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir", añadía.
Puente señalaba además que "no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com