La UCO acorrala al fiscal general: "No pudimos acceder al móvil de García Ortiz porque estaba borrado"

La quinta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se iniciaba este miércoles con la declaración de una docena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Los primeros 9 agentes participaron en la entrada y registro del despacho de García Ortiz, del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez y en el volcado de los dispositivos.

Dichos agentes explicaban que copiaron toda la información contenida en los teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico que encontraron. Posteriormente, analizaron el periodo temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024, que fijó en un auto el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado. A preguntas de las acusaciones, han expuesto que se hizo así porque técnicamente era imposible copiar solo la información contenida en ese límite temporal.

En concreto, han indicado que en el despacho de García Ortiz copiaron el contenido de dos teléfonos móviles -el personal y el de trabajo, que desde Fiscalía General del Estado (FGE) se avisó de que se acababa de cambiar--; un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa, que también se advirtió de que se había cambiado recientemente; y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal.

Interrogados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado -en defensa del fiscal general-- acerca de la actitud que mantuvieron tanto éste como el personal de la FGE, los agentes han confirmado que adoptó una "actitud colaboradora", facilitando incluso contraseñas. Del despacho de Rodríguez, han especificado que recabaron la información de dos teléfonos móviles -el personal y el de trabajo--, del ordenador de sobremesa y de cuatro cuentas de correo electrónico.

Posteriormente, han intervenido tres agentes de la UCO en la prueba pericial y han relatado al tribunal cómo García Ortiz borró sus teléfonos móviles y no pudieron acceder al contenido de sus mensajes de Whatsapp, así como de su cuenta de correo electrónico personal que el fiscal general suprimió. No obstante, consiguieron un mensaje del propio García Ortiz a través del teléfono de la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez.

También han recordado que las comisiones rogatorias enviadas para intentar recuperar los mensajes de Whatsapp y gmail resultaron infructuosas y no se logró recuperar la información que hubiera sido útil para la investigación.

"Dominio a todos los niveles del fiscal general"

Los agentes de la UCO situaban la filtración del correo en "la Fiscalía General del Estado" (como institución): "En el proceso se ve un dominio [de García Ortiz] por jerarquía. Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general".

Además, destacaban que toda la información sobre el caso de González Amador estaba en poder de la Fiscalía y según su criterio "el modus operandi era recabar información y luego filtrarla". "Se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado" durante todo el proceso de la filtración, apostillaban.

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