Hoy llegamos a la última parada de este recorrido en el que todas las negligencias que hemos ido exponiendo nos llevan siempre al mismo punto de partida: la gestión.
Muchas veces hablamos de menores tutelados por el Estado pero esto es incorrecto. De los menores se encargan las autonomías. Aunque sólo sobre el papel. Las Comunidades Autónomas son las que tienen la tutela de los menores pero los recursos los delegan en Fundaciones y ONG.
Josué González es comunicador y en estos meses ha centrado sus investigaciones en las negligencias en torno a la gestión de los centros de menores: "En Canarias la plaza cuesta 90 euros al día. Pero, si nos vamos a Madrid son 178 euros por plaza al día. Baleares es la que más invierte".
Los contratos de emergencia y la urgencia migratoria
Esas partidas se adjudican, en la mayoría de los casos a través de contratos de emergencia. Es decir, no es necesario un concurso público y tampoco están sujetos a un control y que se activan en caso de catástrofe. Así se hizo con el Covid, con La Palma o con la Dana.
"Cruz Roja tiene contratos otorgados por emergencia. Es la que atiende en puerto y por cada persona que llega reciben 208 euros". Esto es por formar parte, al igual que ACCEM, del Programa de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
"Este dinero es simplemente por inscribirles en el registro, los traslados se cobran a parte. También reparten unos kits de aseo que han costado 800.000 euros y eso también va aparte", explica Josué.
"Como estamos bajo un decreto de urgencia migratoria, estos contratos no tienen los requisitos de transparencia normales", asegura la periodista Berta González de Vega. De hecho, el asunto es cuestión de Estado y esto provoca que estos contratos se otorguen por periodos, incluso, de años.
Esto explica que "haya hoteles en estos momentos a los que les esté resultando más rentable la acogida de inmigrantes que abrir en temporada baja".
Centros en urbanizaciones privadas y asociaciones señaladas
Berta sufre en primera persona junto a sus vecinos todo esto que contamos semana a semana. Recientemente la Junta ha instalado un centro de menores infractores en una antigua residencia de monjas dentro de una urbanización privada.
"Lo han hecho sin contar con los vecinos" que temen problemas de convivencia. La Asociación que gestiona en este caso se llama Meridianos, está registrada como asociación sin ánimo de lucro pero a su vez está vinculada a una SL con un gran presupuesto de "4 millones de euros".
También acumula varias denuncias por parte de sindicatos por las condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores y por gastos de los directivos. Pero también una ante la Fiscalía en 2020 por obligar a los internos a trabajar como albañiles, sin seguridad. La denuncia la interpusieron los propios trabajadores de la asociación.
Esto, por desgracia, podría no ser aislado. Esmeralda, una de las tuteladas con las que hablamos, ya me había comentado cómo en uno de los centros, "los veranos, iban al Sáhara a construir escuelas".
El entramado en Cataluña, Baleares y Canarias
El caso más flagrante es el de Cataluña que tiene construido un auténtico entramado a través de la DGAIA que es la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia. Aquí el dinero público iba a parar a 10 fundaciones que operaban en todo el país y que han gestionado más de 300 millones euros.
Esas 10 fundaciones las operan 12 personas y todas son directores, tesoreros o vocales de todo el entramado. Por ejemplo, una misma persona puede ser director de una fundación, vocal de otra y tesorero en una tercera.
Baleares es otro de los grandes exponentes de este problema y donde se descubre el germen de las redes de trata de menores tutelados durante el manato de Armengol. Esto incluso lo investiga una delegación del Parlamento Europeo.
En Canarias: "Les daban tabaco y les hacían pasar por menores".
Respecto a los menas, el escándalo más reciente está en Canarias, con la Asociación Quorum Social 77, denunciado por Josué: "Yo he demostrado que daban tabaco a los menores, pagado con dinero público. Que la propia directora ha afirmado que algunos eran adultos y hasta que tenían un pasado delictivo en sus países de origen. También he contado cómo a los trabajadores se les daban chalecos anticortes cuando salían a las excursiones y todas estas denuncias que yo hice se expusieron en el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias es consciente".
Esa Asociación ha recibido más de 150 euros en subvenciones desde 2023 y ante la polémica, en octubre, la asociación obligaba a los trabajadores a firmar contratos de confidencialidad. De momento se han cerrado dos centros pero aún gestionan una treintena en Canarias. Donde por cierto hay más casos:
"También he denunciado sobre la ONG Respuesta Social S. XXI que también daba tabaco, que está investigada por utilizar el dinero para los MENAS en tratamientos estéticos o en viagras. Por pagar multas de los propios trabajadores, gasolina de coches privados o agresiones sexuales incluso dentro de los centros por parte de los internos".
"Un entramado imposible de reconducir"
Así podemos seguir por toda la geografía española y por todo esto, en su momento Hanan Serroukh decidió dejar su proyecto "Asociación Punto de Referencia": "Vi un entramado del que o participabas o te comía. Era imposible de reconducir".
Una falta de control que redunda en cómo se cuida de menores que ya bastante tienen con estar tutelados y que desemboca en todo lo que hemos venido relatando a lo largo de estas semanas: menores totalmente rotos, abocados a la supervivencia muchas veces a través de la prostitución, trabajadores que ejercen en condiciones de inseguridad en las que se juegan la vida y un problema social real en el entorno de estos centros.