García Ortiz se enfrenta a la expulsión de la Carrera Fiscal tras ser condenado a inhabilitación

Álvaro García Ortiz se enfrenta a la expulsión de la Carrera Fiscal tras ser condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El Alto Tribunal adelantó este jueves el fallo de la sentencia, que se conocerá en los próximos días, y condenó a García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años. También era condenado al pago de las costas procesales correspondientes incluidas las de la acusación particular y, como responsabilidad civil, deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital subrayan que "la condena a inhabilitación de García Ortiz conllevaría la expulsión de la Carrera Fiscal. Una vez se conozca la sentencia completa, se considerará firme y la Inspección del Ministerio Fiscal que dirige María Antonia Sanz Gaite, fiscal de máxima confianza de García Ortiz, deberá abrir un expediente interno al fiscal general y expulsarlo, tal y como sucedió con el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón".

En este sentido, el artículo 32.1.d del Reglamento del Ministerio Fiscal establece como causa de pérdida de la condición de fiscal una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses.

Mientras que el artículo 35 del mismo Reglamento añade que "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".

Por su parte, el artículo 44.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) señala que "están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". García Ortiz ha sido condenado a 2 años de inhabilitación.

El delito de revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal por el que ha sido condenado García Ortiz se considera doloso (con intención deliberada de cometer el delito): "La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años".

"Hemos tenido a un delincuente año y medio en la Fiscalía General"

Fuentes fiscales consultadas por LD lamentan que "el Ministerio Público haya tenido durante año y medio a un delincuente al frente de la Fiscalía General del Estado, ya que el delito fue cometido en marzo de 2024. Al margen de la pena, lo importante es que el Tribunal Supremo ha acreditado que García Ortiz cometió un delito durante el desempeño de sus funciones. Ha hecho un daño irreparable a la institución".

Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que "tras lo sucedido nadie sale ganando. Es catastrófico para la institución, malo para el Tribunal Supremo, peor para el condenado, y sobre todo para todos los fiscales que se han visto involucrados sin quererlo en este gran escándalo".

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