Las diferentes asociaciones y organizaciones que se personaron como acusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida perdón por el uso político que —confirmado por la condena— habría hecho de la Fiscalía para atacar a sus oponentes.
García Ortiz ha sido condenado este jueves por el Tribunal Supremo por haber cometido un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general ha sido condenado a dos años de inhabilitación, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y a pagarle una indemnización de 10.000 euros a González Amador.
Esta condena contradice el relato del Gobierno de Sánchez, que ha repetido en numerosas ocasiones que el fiscal general era inocente y ha situado al fiscal general como la víctima de una cacería judicial que, a su juicio, habrían llevado a cabo jueces que confabulaban con la oposición.
Por todo ello, la asociación Hazte Oír, personada en el caso como acusación popular, ha emitido un comunicado en el que aseveran que la condena a García Ortiz "confirma un ataque frontal del propio Ortiz contra la institución que debía proteger". Así, ha recalcado la necesidad de que la citada institución no esté "al servicio de nadie", ya que, cuando lo ha estado —según la asociación— ha llevado al perjuicio grave para el conjunto de los ciudadanos.
"Este fallo judicial respalda la necesidad de esa regeneración profunda, de arriba a abajo", han asegurado sobre esta "institución clave" antes de exigir al secretario general del PSOE que pida disculpas: "Pedro Sánchez y todos sus cómplices deben pedir perdón".
ICAM: "Nadie está por encima de la ley"
Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha manifestado su "pleno respeto" por la condena y se ha reafirmado en la defensa de la independencia judicial. Ha reivindicado que, desde el inicio del procedimiento, ejerció la acusación popular porque estaban "convencidos" de que existían indicios suficientes que justificaban la apertura de juicio oral.
"La condena al fiscal general del Estado supone, en primer lugar, que nadie está por encima de la ley", ha explicado el ICAM en un comunicado al que ha tenido acceso LD, antes de sentenciar que este hecho "refuerza y no debilita la confianza en el sistema de justicia". Así, el ICAM asegura que el caso "no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución", ya que, se ha condenado "una actuación concreta y excepcional"
Otras asociaciones personadas en el caso han confirmado a Libertad Digital que se encuentran en el proceso de estudiar la sentencia y han aseverado que esperan pronunciarse lo antes posible, por lo que se esperan nuevas reacciones judiciales a la condena durante esta misma tarde.
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