El PSOE que lidera Pedro Sánchez puede ser imputado por un delito de acoso sexual tras el estallido del caso Salazar.
Este escándalo surgió en julio de 2025 cuando trascendió la existencia de múltiples denuncias internas en el PSOE por presunto acoso sexual contra Francisco "Paco" Salazar, un asesor muy cercano al presidente del Gobierno. Este caso se ha reavivado en las últimas fechas tras conocerse que habían desaparecido testimonios en el canal interno anti-acoso del PSOE y que la formación política no había avanzado en el esclarecimiento de estos hechos.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Partido Socialista podría ser imputado por un delito de acoso sexual como persona jurídica. En la formación política, debería existir un protocolo anti-acoso sexual y si estalla un caso, debería ser aplicado correctamente. Según el Código Penal, el delito de acoso sexual puede ser imputado a una persona jurídica. En segundo lugar, habría sido cometido por una persona de la cúpula del Partido Socialista y por último, el compliance no habría funcionado". El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que una organización implementa para asegurarse de cumplir con todas las leyes, regulaciones, normas internas y estándares éticos aplicables.
El artículo 184.5 del Código Penal establece que "cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el Código Penal exige que para que una persona jurídica sea condenada por un delito de acoso sexual, se debe demostrar un beneficio directo o indirecto para dicha organización. Por tanto, cabe la posibilidad de que el Partido Socialista sea imputado por este delito y la investigación sirva para acreditar si se ha beneficiado o no del mismo a lo largo de una instrucción. Hay precedentes de empresas españolas que han sido imputadas por un delito para posteriormente investigar si se han beneficiado o no".
"Para iniciar un proceso judicial contra el PSOE de Pedro Sánchez por acoso sexual sería necesaria la denuncia de la víctima o bien que la Fiscalía actúe de oficio", concluyen. En este contexto, el artículo 191 del Código Penal señala que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase".
La indignación en las filas socialistas no deja de crecer con este caso, ya que la dirección del Partido impuso la Ley del silencio durante estos últimos cinco meses, evidenciando la voluntad de Ferraz de enterrar el escándalo a toda costa. "Nos dijeron que todo era un complot para que no ocupara el cargo en la dirección", denuncian fuentes socialistas consultadas por este diario, poniendo de relieve las alianzas y maniobras internas en el PSOE para encubrir presuntos casos de acoso.
Recordamos que el PSOE de Pedro Sánchez es investigado en la actualidad por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y podría ser imputado por financiación ilegal. A este delito, se podría unir otra imputación por el delito de acoso sexual derivado del caso Salazar.
La socialista Lastra pide al PSOE la intervención de Fiscalía
Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y vicesecretaria general del PSOE entre 2017 y 2022, urgía la semana pasada al PSOE a poner este asunto en manos de la justicia "de manera inmediata".
"Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la comisión ejecutiva federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información, los trabajos de ese comité anti-acoso, lo que hay que hacer es de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía", afirmaba Lastra. El PSOE contestó que no tiene previsto remitir estos presuntos hechos delictivos al Ministerio Público, alegando que precisaría para ello autorización de las denunciantes, cuya identidad se desconoce.
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