Teresa Peramato se ha estrenado al frente de la Fiscalía General del Estado librando de la prisión provisional a la fontanera de Pedro Sánchez en el PSOE, Leire Díez.
La exmilitante socialista fue arrestada esta semana en el marco de la 'Operación Leire' junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Los tres pasaron a disposición judicial este sábado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas sólo solicitaba para los investigados como medidas cautelares comparecencias en el Juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. Al ser el Ministerio Público la única acusación personada y ser esa su petición, el magistrado instructor no pudo acordar una medida más gravosa como la prisión provisional para los arrestados.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la libertad provisional solicitada por la Fiscalía para Leire Díez es la carta de presentación de Peramato para salvar a Sánchez. La fontanera del PSOE es una bomba relojería para el presidente del Gobierno y al no pedir Fiscalía la prisión provisional para ella, se ha evitado un grave problema para el Ejecutivo socialista. Díez ha quedado muy tocada anímicamente tras permanecer tres días en los calabozos de la Guardia Civil y si hubiera ingresado en prisión, posiblemente podría haber desvelado información muy sensible contra el Gobierno y contra Sánchez".
"La 'Operación Leire' se adelantó un día al pasado miércoles, ya que el expresidente de la SEPI detectó el dispositivo de seguimiento y existía un riesgo real de destrucción de pruebas. No tiene ningún sentido que el instructor acuerde su detención al existir un riesgo de destrucción de pruebas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la detengan, y que luego, sin embargo, la Fiscalía considere que este riesgo de destrucción de pruebas se ha disipado en 72 horas y no solicite su ingreso en prisión provisional. Es un escándalo", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "este caso de corrupción es de una enorme gravedad y ha salpicado al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, al Ministerio de Transición Ecológica y a importantes empresas públicas como la SEPI, Correos o Enusa. Este tipo de asuntos exigen la denominada 'dación de cuenta', es decir, consultar las decisiones a tomar previamente ante el fiscal general del Estado, que actualmente es Teresa Peramato".
"Es imposible que Peramato no haya participado en esta importante decisión, ya que es una causa que afecta de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez. Sobrepasa el ámbito de la fiscal del caso que llegó a Anticorrupción el pasado mes de abril a propuesta de Álvaro García Ortiz y al propio fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Se trata del primer servicio de Peramato al presidente del Gobierno al frente del Ministerio Público", concluyen.
El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que "los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".
Recordamos que al no solicitar Anticorrupción prisión provisional, el magistrado Antonio Piña no pudo adoptar otra decisión que dejar en libertad a los tres detenidos con medidas cautelares mientras son investigados por delitos tan graves como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Sólo declaró Vicente Fernández
Cabe destacar que ni Leire Díez, ni Antxon Alonso declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, este sábado. Sólo compareció el expresidente de la SEPI que negó los hechos por los que se le investiga. De igual manera Vicente Fernández era preguntado por Servinabar, la empresa utilizada para canalizar supuestamente comisiones ilegales, y este reconoció que sí que trabajó allí pero negó la comisión de cualquier delito.
Por su parte, Díez y Alonso se negaron a declarar alegando que al estar la causa bajo secreto de sumario, no sabían exactamente qué hechos se les imputaban. Además, afirmaban que no habían tenido tiempo de preparar la defensa, al no tener ocasión de hablar a solas con sus abogados.
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