La número dos de la Fiscalía pide al Supremo que anule la condena a García Ortiz y le acusa de "crear un tipo delictivo"
La fiscal es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, a la que se encuentran vinculados García Ortiz y la nueva fiscal general Teresa Peramato.
La teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, encargada del juicio al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha remitido un informe al Tribunal Supremo en el que pide la anulación de su condena por revelación de secretos.
Sánchez Conde fue la fiscal que hizo tan solo dos preguntas a García Ortiz durante su intervención desde el banquillo de los acusados, desde donde el todavía fiscal general del Estado decidió responder tan solo a su defensa y a la fiscal Sánchez Conde. La Fiscalía se adhirió a la postura de la defensa en el juicio; algo poco habitual en los procesos judiciales.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la teniente fiscal pide al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia y, por tanto, que García Ortiz no tenga que pagar los 10.000 euros de indemnización a la víctima, Alberto González Amador. María de los Ángeles Sánchez Conde es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto García Ortiz como la nueva fiscal general, Teresa Peramato. La UPF ya apoyó una recogida de firmas pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, el escrito parece apoyarse en los argumentos que ya esgrimieron las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo en su voto particular en el caso, por el que García Ortiz fue condenado por cinco votos a dos. Estas ya explicaron que, a su juicio, existía una vulneración de la presunción de inocencia de García Ortiz, mientras que los demás magistrados comprendían que la filtración solo podía venir de García Ortiz o de su entorno –que lo habría filtrado bajo sus órdenes—. La sentencia mayoritaria, por su parte, hacía hincapié en el testimonio de otros testigos, como el de la fiscal Almudena Lastra.
Asevera, en este sentido, que la sentencia mayoritaria obvia varios testimonios "de modo sorprendente" y destaca la "homogeneidad" que, según la Fiscalía, existe entre las acusaciones populares y la sentencia. Por su parte, la Fiscalía no formuló acusación en el juicio.
En su incidente de nulidad, Sánchez Conde también reclama que se ha vulnerado el principio acusatorio –es decir, que los magistrados habrían prejuzgado perdiendo así la imparcialidad necesaria—, el derecho a la legalidad penal y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Pide más veracidad a los periodistas
Al igual que lo hicieran las magistradas Polo y Ferrer, la Fiscalía entiende que la sentencia mayoritaria no presta el suficiente valor al testimonio de los periodistas que declararon durante el juicio oral en el Supremo; ya que estos aseguraron que García Ortiz no era su fuente.
De hecho, la Fiscalía califica de "insólita actuación" la del tribunal que juzgó a García Ortiz –presidido por Andrés Martínez Arrieta— y destaca que la misma "venía motivada porque la investigación penal iba dirigida contra la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto González Amador", que, recuerda, se encuentra siendo investigado por un presunto delito fiscal.
La condena a Álvaro García Ortiz puso fin a su liderazgo en el Ministerio Fiscal, ahora dirigido por Teresa Peramato; que, en su toma de posesión, expresó su cariño y admiración a su antedecesor más inmediato.
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