Sánchez recupera la censura: anuncia que perseguirá "el odio, la división y la polarización" en internet

En un escenario internacional y lejos del control parlamentario habitual, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención esta semana en Dubái para anunciar una batería de medidas que, bajo el paraguas de la "protección al menor" y la "lucha contra la polarización", dibujan un horizonte de intervención estatal sin precedentes en la libertad de expresión digital. En realidad, sí que existe un precedente y es que ya hizo un discurso similar anunciando medidas parecidas el año pasado en Davos.

De entre todo lo que dijo el presidente del Gobierno, el anuncio más llamativo, el que han recogido todos los medios de comunicación ha sido la prohibición de acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Medida cuya autoría, por cierto, se ha apresurado a atribuirse Alberto Núñez Feijóo quien matizaba que en su propuesta se permitía el acceso a redes a los jóvenes entre 14 y 16 años con permiso paterno. En cualquier caso, más grave que esta medida que se ha llevado los titulares se antoja la puesta en marcha de un opaco sistema de seguimiento estatal del "odio y la polarización" en internet.

Sánchez recupera la censura

Delante de jeques de todo pelaje, Sánchez ha detallado ufano su intención de "rastrear, cuantificar y exponer" cómo las plataformas digitales alimentan, a su juicio, la división social. Según sus propias palabras "en tercer lugar, implementaremos un sistema de seguimiento del odio y la polarización para rastrear, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio."

En la práctica, esto supone que el Gobierno se arroga la potestad de decidir qué es "odio" y confundirlo a placer con la discrepancia política, convirtiendo a la administración en una suerte de policía ideológica con capacidad para señalar públicamente a cuentas, usuarios y medios de comunicación que resulten incómodos para el relato oficial de Moncloa.

Una arquitectura de control da las herramientas al Gobierno para silenciar, por ejemplo, las crecientes informaciones sobre los problemas judiciales que cercan a su entorno familiar, especialmente en lo relativo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, y a su partido, en la figura de Ábalos, María Jesús Montero y Santos Cerdán. Informaciones, todas ellas, catalogadas de "bulos", "fango", "desinformación" y "odio", de manera sistemática por todos los miembros del Gobierno. De esta manera, se dota de las herramientas para perseguir judicial y administrativamente a los medios críticos. En definitiva, busca establecer mecanismos clásicos de censura.

Ya lo hizo en la pandemia

Esta confesión recuerda al episodio protagonizado por el general José Manuel Santiago, en abril de 2020 Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando durante la rueda de prensa posterior al Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, confesó que: "estamos trabajando contra los bulos con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen esta serie de bulos. Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos, luego, los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales"

Unas declaraciones que obligaron al Gobierno a tratar de desmentirlas. Según Marlaska, "ha debido ser un lapsus del general".

Elon Musk responde: "Tirano y traidor"

La repercusión internacional no se ha hecho esperar. Elon Musk, propietario de la red social X (antes Twitter) y figura central en el debate sobre la libertad de expresión, ha reaccionado con dureza a los planes del líder socialista. A través de su plataforma, Musk calificó a Sánchez de "tirano" y "traidor", señalando que las medidas anunciadas suponen un ataque frontal a los derechos individuales y una deriva autoritaria que busca blindar al Ejecutivo frente al escrutinio ciudadano.

El magnate tecnológico se ha hecho eco del malestar de una parte importante de la opinión pública que ve en este "rastreo del odio" un mecanismo de censura encubierta. Según Musk y otros defensores de la libertad en la red, el hecho de que el Gobierno quiera "exponer" a quienes fomentan la polarización no es más que una táctica de señalamiento para amedrentar a la disidencia.

Un blindaje ante los escándalos judiciales

Desde la oposición y diversos medios independientes se subraya la coincidencia temporal de estos anuncios. En un momento en que los tribunales investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el seno del Gobierno y su entorno más cercano, Sánchez opta por atacar los canales donde esa información fluye con mayor libertad: las redes sociales.

La pretensión de "cuantificar la polarización" es vista como el paso previo para sancionar o asfixiar económicamente a aquellos medios digitales que no se plieguen a la narrativa gubernamental. Con este sistema, cualquier crítica feroz a la gestión de Sánchez o cualquier revelación sobre los casos judiciales que le afectan podría ser clasificada como "amplificación del odio", otorgando al Estado la legitimidad para intervenir y "limpiar" la red de voces críticas.