El Defensor del Pueblo, cargo que ejerce el exministro socialista Ángel Gabilondo, ha podido comprobar de primera mano la falta de transparencia de la Generalidad que preside el también socialista Salvador Illa en lo relativo a la política lingüística, que en términos generales consiste en erradicar el español de la región.
Según ha detallado la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC), "la Generalidad hace oídos sordos a los requerimientos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que le remita urgentemente la información que, a instancia nuestra, ha solicitado al Departamento de Educación y Formación Profesional "con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar (…) el aprendizaje en castellano"".
Dado el silencio administrativo, Gabilondo ha remitido un segundo requerimiento en el que recuerda al gobierno catalán "el inexcusable deber de colaboración". Y dirigiéndose a SCC, señala que "lamenta este involuntario retraso en el esclarecimiento de la circunstancia que planteó en su queja".
Discriminación lingüística
Sociedad Civil Catalana recuerda que en julio de 2024, el Defensor del Pueblo atendió su escrito contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, ante el riesgo de que -pese a la entonces suspensión cautelar de la norma decretada por el TSJC tras el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe- la Generalidad estuviera aplicando de facto criterios de discriminación del español.
Han pasado casi dos años y el "Govern" sigue en la callada por respuesta mientras que SCC insiste en que "la política lingüística de la Generalidad en el ámbito educativo está concebida como una herramienta de exclusión del español que contribuye a un mayor fracaso escolar, además de vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua". Además recuerda que el artículo 3 de la Carta Magna establece que el español es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.