Gemma Barroso ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, después de que José Ángel González haya dimitido por una denuncia de violación. Era, hasta ahora, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, ocupaba la jefatura jerárquica de la agente denunciante cuando ocurrió la presunta agresión en abril de 2025.
Es decir, habría tramitado la baja laboral solicitada por la víctima tras los hechos. Este es el motivo por el que el Partido Popular ha pedido su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, dentro de la ofensiva parlamentaria registrada este miércoles, y que incluye pedir también la comparecencia del ministro, Fernando Grande-Marlaska, y del director de la Policía Nacional, Francisco Pardo.
Según explican en el texto, Barroso deberá "dar cuenta de su conocimiento y actuaciones en relación con los hechos denunciados en una querella por presunta agresión sexual, coacciones y encubrimiento atribuibles a quien ejercía la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional".
Reclaman conocer en concreto "la información de la que tuvo conocimiento el día 24 de julio en el ejercicio de sus funciones, las comunicaciones realizadas -o no- a sus superiores jerárquicos en la Dirección General de la Policía y en el Ministerio del Interior, y las decisiones adoptadas respecto a la activación de los protocolos internos para la protección de la víctima".
El PP ha registrado, además, 15 preguntas al Gobierno para aclarar "cuándo" conocieron la denuncia, "por qué" no se le ha detenido, "quiénes" conocieron indicios sobre lo ocurrido o si pretenden retirarle las medallas concedidas. Además, ha registrado otras 20 preguntas para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para saber si tuvieron también conocimiento, que informe de los protocolos de actuación o si se va a cambiar alguna normativa tras lo ocurrido.
Por último, han registrado una PNL para exigir la dimisión de Marlaska, la apertura de expedientes disciplinarios a los mandos implicados, pedir su suspensión del Cuerpo para que no sigan cobrando y ejerciendo labores de policía o garantizar la protección integral de la víctima.