La investigación de la trama de corrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) avanza con paso firme. Y entre las pruebas que ha recabado se ha encontrado hasta con un surtidor para llevarse el gasóleo que se compraba para el centro de estudio del cáncer. Libertad Digital ha accedido a las fotografías -que hoy publica- y que muestran el nivel al que llegó una trama sobre la que pesa una acusación de haberse llevado fondos por valor de 25 millones de euros por medio de un entramado societario y de contratos mercantiles.
Hay que recordar que, pese a que ya se presentó una querella en el año 2020 para denunciar lo que ahora se evidencia, las negativas del Gobierno y la falta de apoyo a aquella investigación dejaron en dique seco el estudio de un caso que apuntaba a un alto grado de corrupción en uno de los centros de investigaciones más emblemáticos de España: el CNIO. Más tarde, ya en 2025, un alto cargo del CNIO denunció el robo de 25 millones de esos mismos programas de lucha contra el cáncer en contratos públicos cerrados a los largo de años. Dos empresas de ex cargos de la entidad quedaban señalados por haberse lucrado presuntamente con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que, directamente, ni se realizaba ninguna prestación real ni se supervisaba nada, bajo la protección del gerente, Juan Arroyo, según los directores de Operaciones y 'Compliance'.
La investigación judicial prosiguió. Y ahora las evidencias apuntan a un grado de presunto robo de recursos que no se ha dejado por el camino ni páginas de auténtica rapiña cutre. Y entre ellas se encuentran, con especial protagonismo, la fotografías a las que ha tenido acceso Libertad Digital y que revelan la instalación hasta de un surtidor de gasóleo para poder llevarse el combustible que se compraba para el CNIO.
Pero no debe olvidarse que esta investigación ha sido toda una carrera de obstáculos. Vox presentó en 2020 una querella por malversación contra la cúpula del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el principal centro de investigación contra el cáncer, dependiente del Ministerio de Ciencia que lideraba por aquellas fechas Pedro Duque. El texto de la acusación incorporaba pruebas de que el ministro socialista había sido avisado con detalle el 4 de septiembre de 2018 de todo lo que ocurría en el organismo. Los mails desvelados en aquel momento confirmaron, efectivamente, que la presidenta del comité de empresa había comunicado a Pedro Duque la existencia de contrataciones irregulares a las que aludió el texto de la querella. Es más, se le solicitó una intervención para frenar los comportamientos querellados. Y, a la vista, de la presentación de la querella, parece evidente que la respuesta fue no hacer nada.
El texto de los mails señaló que "lo primero me gustaría disculparme por tener que molestarle, pero que es necesario que conozca el problema que le voy a exponer […] por ello le solicito una reunión con carácter urgente con usted o con alguien de su equipo y de su confianza para contarle y mostrarle toda la información de la que disponemos".
La presidenta del comité de empresa aclaró que, si había decidido, llegar a alertar al ministro, era porque "tras la reunión mantenida con su secretario general de Coordinación de Política Científica, Rafael Rodrigo Montero, responsable directo del CNIO, tenemos serias dudas de que se vaya a hacer algo al respecto de los problemas trasladados, problemas serios e importantes desde nuestro punto de vista".
¿Y cuáles eran esos problemas?. Pues nada menos que irregularidades en "contrataciones. Opacidad en los datos, subcontratación de personal científico (con posible cesión ilegal de trabajadores). Adjudicación repetitiva a las mismas empresas por valor de 49.000 – 49.900 euros (en lo que va de año unos 3 millones de euros, cifras sacadas de las licitaciones que aparecen en la plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda). Problemas de la estabilización de 100 plazas aprobadas en los Presupuestos Generales de 2018".
La querella exigió la citación al ministro en condición de testigo para que explicase si su organismo había permitido que un entramado de sociedades se hubiera dedicado a cargar gastos injustificables en las cuentas de la joya de la corona del Ministerio de Ciencia a razón de cinco millones de euros en el conjunto del año.
El CNIO fue creado en 1998 como un centro adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se ha mantenido desde entonces como uno de los mejores centros de investigación con los distintos gobiernos y signos políticos. Y ahora se enfrenta al descrédito de un caso de corrupción de esta factura.