La entrada ilegal de teléfonos móviles en las prisiones españolas sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad del sistema penitenciario. Lejos de reducirse, el fenómeno continúa evolucionando con métodos cada vez más sofisticados. Solo en 2025, las autoridades incautaron cerca de 2.500 dispositivos introducidos de forma ilícita en los centros penitenciarios.
Según los últimos datos recopilados por el sindicato Acaip-UGT, este número se une al de los años anteriores siendo un total de más de 13.000 los dispositivos móviles que se han incautado desde 2021. Los métodos de introducción llegan desde ocultaciones en objetos personales hasta el uso de tecnología aérea, mediante drones. Los internos y sus redes externas han perfeccionado técnicas para sortear los controles de seguridad. Entre las formas más habituales destaca la ocultación en la ropa o el calzado, incluyendo teléfonos escondidos en las suelas de los zapatos, lo que dificulta su detección en los registros ordinarios.
Sin embargo, las cárceles españolas no se encuentran preparadas para la detección de drones, dispositivos que permiten lanzar paquetes desde el exterior de los recintos penitenciarios, superando muros y perímetros de seguridad. En muchos casos, los envíos incluyen no solo teléfonos móviles, sino también tarjetas SIM, cargadores e incluso pequeñas cantidades de droga. Este método, cada vez más extendido, ha obligado a reforzar la vigilancia en el espacio aéreo de las prisiones, aunque los sindicatos advierten de que los medios siguen siendo insuficientes.
El uso de móviles permite a los internos mantener contacto con el exterior sin control, coordinar actividades delictivas e incluso continuar dirigiendo organizaciones criminales desde el interior de los centros. Por ello, su presencia supone un riesgo directo para la seguridad penitenciaria y para la sociedad en su conjunto.
Desde Acaip denuncian que el volumen de incautaciones refleja solo una parte del problema real. Los móviles intervenidos son aquellos que han sido detectados, pero existe un número indeterminado de dispositivos que logran permanecer ocultos y en funcionamiento dentro de las prisiones. Según el sindicato, esto evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de control y dotar a los centros de mejores medios tecnológicos.
Los sindicatos llevan tiempo alertando de que las plantillas son insuficientes para hacer frente a la complejidad creciente del sistema penitenciario. A ello se suma la necesidad de formación específica para detectar nuevos métodos de introducción y el uso de tecnología avanzada para interceptar drones o localizar dispositivos en el interior de los centros.
En este contexto, los trabajadores penitenciarios reclaman una respuesta más contundente por parte del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Entre las medidas que proponen figuran la instalación de inhibidores de frecuencia más eficaces, la mejora de los sistemas de detección en accesos y perímetros, y el refuerzo de los controles sobre las comunicaciones.
El problema de los móviles en prisión no solo afecta a la seguridad interna, sino que también tiene implicaciones judiciales. En numerosos casos, las investigaciones policiales han detectado que internos utilizaban estos dispositivos para seguir cometiendo delitos desde la cárcel, lo que pone en cuestión la eficacia del sistema de control actual.