El Tribunal Constitucional carga contra la gestión de la anterior presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. En una sentencia dictada por unanimidad, el Pleno ha estimado el recurso de amparo del Grupo Popular tras el escandaloso bloqueo parlamentario de un proyecto de ley que llegó a sufrir hasta 71 prórrogas consecutivas en su plazo de enmiendas.
El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, pone negro sobre blanco la estrategia de filibusterismo institucional utilizada por la Mesa del Congreso bajo control del PSOE y sus socios. Según el Tribunal, se hizo un "uso indebido" de las facultades de la Mesa para obstruir de forma sistemática la tramitación legislativa, vulnerando el derecho fundamental de los diputados a ejercer sus funciones representativas (art. 23 CE).
Los hechos se remontan a la convalidación del Real Decreto-ley 36/2020 de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública. En aquel momento, el Pleno del Congreso acordó que se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que obligaba a reducir los plazos a la mitad. El periodo para presentar enmiendas debería haber finalizado el 15 de febrero de 2021.
Sin embargo, la Mesa de Batet, lejos de agilizar el trámite, comenzó a encadenar prórrogas semanales de forma "automática y reiterada". Así hasta en 71 ocasiones y sin ofrecer motivación alguna, ni siquiera cuando el PP solicitó formalmente la reconsideración. Esta parálisis deliberada provocó que el proyecto de ley jamás llegara a debatirse, decayendo definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales del 23-J.
Censura a la Mesa
El Constitucional es tajante al desmontar la coartada de la "autonomía parlamentaria" que suelen esgrimir las mayorías de izquierdas en la Cámara: "La Mesa subvirtió la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas (...) Esa facultad no puede erigirse en pretexto para una actuación que conduzca a la inefectividad del derecho de los diputados".
Para los magistrados, lo que debería haber sido una herramienta para facilitar el trabajo de los parlamentarios se convirtió en un arma de obstrucción política. El tribunal concluye que la Mesa no solo no favoreció la labor de la oposición, sino que la dificultó activamente, impidiendo que el procedimiento legislativo siguiera su curso debido.
Aunque la sentencia anula los acuerdos de la Mesa, lo hace con efectos meramente declarativos, dado que la legislatura ya ha expirado y el daño es irreparable en términos parlamentarios. No obstante, el pronunciamiento sienta un precedente jurídico crucial para evitar que la Presidencia del Congreso vuelva a utilizar el reglamento como una mordaza para "congelar" leyes que no resultan cómodas para el Palacio de la Moncloa.