La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, tuvo que hacer de nuevo equilibrismos para justificar que siga sosteniendo al PSOE en una marejada cada vez más fuerte de escándalos e imputaciones. Preguntada por la prensa tras clausurar la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo celebrada en Avilés, Díaz trató de no hablar de la imputación de Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.
"Yo les digo siempre que no entro a realizar valoraciones sobre las tramas. Nunca he hecho política de los sumarios judiciales, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. No me compete a mí ni mucho menos", alegó Díaz, quien hace sólo unas semanas no tuvo problema en tachar otra trama, la Kitchen, que afecta al PP, como "la más grave" vista en democracia por instigar el espionaje de "adversarios políticos".
Díaz, que hablaba así de esa trama mientras se juzgaba a los implicados, ha evitado referirse hoy a la cloaca de su socio de coalición y a los motivos que han llevado a la imputación de la directora de la Guardia Civil. En su opinión, lo procedente es "dejar trabajar a los tribunales" y agradeció a la Justicia y "a toda la comunidad jurídica" el trabajo que está realizando para que, "si existiesen", se depuren las responsabilidades oportunas.
Al mismo tiempo, consideró que la corrupción "no tiene nombres", sino que "tiene que ver con hechos delictivos", y reclamó un acuerdo político para adoptar medidas que permitan erradicarla. "Lo que me gustaría es que en nuestro país, de una vez por todas, seamos capaces de ponernos de acuerdo para tomar las medidas necesarias y acabar de una vez por todas con la corrupción", dijo.
Preguntada también por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con su presidenta también imputada, reiteró su apuesta por transformar este organismo en una agencia pública de política industrial.
"Vengo pidiendo la transformación de esta herramienta en una agencia pública en materia industrial", señaló, al tiempo que defendió que sea una entidad "profundamente moderna" y que no dependa orgánicamente del Ministerio de Hacienda.
A su juicio, vincular la política industrial a Hacienda dificulta el despliegue de las actuaciones que requiere el sector, por lo que reclamó un modelo de gestión más autónomo y eficaz. Sobre la corrupción en sí de esta macrocausa, insistió en su petición de que haya "luz y taquígrafos".