Las mentiras de la regularización masiva

El Gobierno de la corrupción y el despilfarro presume, en un alarde de insensatez y descaro, de que el medio millón de inmigrantes que se proponía regularizar se ha convertido en más de un millón. Eso según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con lo que no es descartable que en vez de más de un millón nos acabemos encontrando con la incorporación al censo de dos o más millones de personas. O el Gobierno mentía al principio, o sus previsiones eran un completo fiasco, aunque en el caso del Ejecutivo es probable que se sumen las dos condiciones, pues se trata de un gabinete de falsos e incompetentes cuyas medidas benefician a las mafias esclavistas, facilitan la regularización de delincuentes y su libre deambular por la Europa comunitaria y constituyen el efecto llamada más potente de la historia.

Es el propio Gobierno quien señala además que casi el 70% de los solicitantes son hombres en edad de trabajar, por lo que tan sólo estamos ante una primera oleada. En virtud de la reagrupación familiar los inmigrantes regularizados en esta tacada deberán multiplicarse como mínimo por cuatro para describir el alcance demográfico de la operación. Con ello cae por su propio peso la falacia de que los servicios públicos y el sistema de prestaciones no se van a ver alterados porque todos los regularizados ya hacían uso de ellos. Sí, pero no sus familias, sus hijos, hermanos, esposas, madres, abuelos, etcétera.

En el colmo de la indignidad, el Gobierno trata de vendernos que la regularización no sólo es una cuestión de humanidad, sino que constituye también un negocio redondo por el que cientos de miles de trabajadores de la economía sumergida pasan a cotizar y pagar impuestos, lo que, siempre según la versión del Ejecutivo, supondrá un imponente revulsivo para la economía nacional. Pero de revulsivo, nada. Más bien estamos ante un argumento repulsivo por parte del Gobierno, que pretende instalar en la opinión pública la ideación delirante de que estos inmigrantes son los que sostendrán las pensiones del futuro.

Estos inmigrantes no son unos "paga-pensiones" como trata de hacernos creer el Gobierno. Su efecto en el tejido social y económico de España es más bien el contrario. Sus salarios son de miseria y las cotizaciones, de mínimos. Y muchos de ellos supondrán un coste mayor que el supuesto beneficio que, según el Gobierno, implica su regularización, porque ya es una ley no escrita que en España se quita el dinero a los que trabajan para dárselo a los que no lo hacen. Nuestra economía requiere músculo, productividad, trabajadores cualificados y con mejores salarios y, en consecuencia, cotizaciones más altas, no legiones de desesperados dispuestos a explorar y explotar el sistema de ingresos mínimos, salarios vitales y rentas de ciudadanía de un Estado al borde del colapso.