El crecimiento constante del gasto público en España es una losa de dimensiones inasumibles para una economía cada vez más castigada con todo tipo de regulaciones. En los últimos años, el aumento del peso del Estado se ha disparado a un ritmo muy superior al que lo vienen haciendo nuestros socios de la UE, lo que supone un perjuicio añadido a nuestra competitividad.
Cualquier aumento del gasto de la administración supone una subida proporcional de los impuestos para poder ser financiado con cargo al ejercicio en curso o un incremento de la deuda pública, si ese crecimiento se difiere en el tiempo. No es casual que, en la España sanchista, la recaudación de la AEAT no deje de batir récords y que el endeudamiento público se haya disparado desde que Sánchez llegó al poder. No de otra manera se pueden cubrir los costes de subsidios universales como el Ingreso Mínimo Vital, de cuyo crecimiento exponencial el Gobierno no deja de presumir, o los privilegios financieros que se otorgan al gobierno regional catalán, otro peso muerto en la economía nacional que tendrá que ser sufragado con el esfuerzo del resto de españoles.
La presión fiscal hacia las rentas medias y altas se sitúa ya en niveles prácticamente expropiatorios. El Gobierno socialcomunista alude al principio de progresividad establecido en la Constitución para justificar que, por ejemplo, un sueldo diez veces mayor que otro pague 74 veces más impuestos. Pero ese mismo artículo de la Carta Magna, el 31.1, aclara que los ciudadanos deben contribuir "al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Un modelo "que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
Las empresas españolas y autónomos soportan también una presión fiscal creciente que se manifiesta con mayor crudeza en los costes salariales de sus trabajadores, diez puntos por encima de la media de la OCDE, lo que resta competitividad a nuestros productos y supone un factor desincentivador del emprendimiento.
En cuanto al endeudamiento del Estado, baste decir que, desde que gobierna Sánchez, los españoles deben casi 600.000 millones de euros al exterior, hasta situar la deuda total en 1,8 billones de euros. Ya no hablamos solamente de una carga añadida para las empresas y familias actuales, sino de una losa de enormes dimensiones que seguirá pesando sobre las espaldas de los españoles en las décadas venideras con todo lo que eso lleva consigo.
Urge, por tanto, poner coto a este crecimiento exponencial del gasto público que se ha adueñado de España desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Solo con un gobierno que reduzca drásticamente el peso del sector público podrá la economía española retornar a la senda del crecimiento sano, basado en los bajos impuestos y la supresión de las regulaciones que asfixian a los creadores de riqueza y, por extensión, a todos los ciudadanos.