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La juez Alaya estrecha el cerco sobre Griñán y Chaves

La imputación de Magdalena Álvarez y otros altos cargos de la Junta deja en una complicada situación a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

LD/Agencias
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La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex interventor general Manuel Gómez Martínez, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Estas imputaciones dejan en una difícil situación a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, expresidentes de la Junta de Andalucía, y que fueron los superiores de la veintena de miembros que la juez Alaya ha imputado.

En un auto judicial comunicado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado".

Las transferencias de financiación son "una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez.

Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y 2004.

Por el mismo motivo que a la exministra, la magistrada imputa a José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta 2004.

También imputa al actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, porque como director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2009 tuvo "una importante intervención" en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos, que recogían transferencias de financiación como crédito presupuestario para las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles".

La juez destaca que estas prácticas permitían "la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora" y sin la fiscalización previa de la Intervención, y por ello también imputa al sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera Díaz.

Alaya considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, por sus competencias, "habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación" y el "dispendio continuado de fondos públicos".

Los nuevos imputados en el caso empezarán a declarar ante la juez el 25 de julio, y el primero de ellos será el ex interventor general de la Junta.

Durante la época de Álvarez se creó en la Consejería la Secretaría General de Hacienda, al frente de la cual se nombró a Antonio Estepa Giménez, que ha sido imputado.

Entre los imputados se incluyen los secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2012: Juan Francisco Sánchez García, que comenzó el uso de las transferencias para pagar subvenciones; Javier Aguado Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina Varo (2008-2012). Además, se imputa al exviceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012 Justo Mañas y al interventor delegado en Empleo desde 2008, Juan Luque.

La juez imputa a los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román; a los directores generales de IFA o IDEA (organismo que sustituye al anterior) Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los directores de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, Alaya cita como imputado al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y es el último de los imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había comparecido.

La Junta, paralizada y atónita

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado este martes que el Ejecutivo autonómico mantiene la "prudencia" ante el nuevo auto de la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez no ha querido valorar el auto por "desconocer" en ese momento la totalidad del mismo así como sus argumentos judiciales pero sí ha apelado al "respeto a la presunción de inocencia" de quienes son o "han sido servidores públicos" y que han realizado "una buena gestión defendiendo hasta el último céntimo de euros público".

Además, el portavoz del Gobierno andaluz ha querido aclarar que la de imputado es una "figura judicial" para que la persona llamada a declarar "vaya acompañada de un letrado". Es decir, que "imputado no significa ni acusado, ni procesado ni condenado".

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