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La juez Alaya amplía el periodo de investigación de los ERE a 1999

La magistrada adopta esta decisión "para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes".

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La magistrada adopta esta decisión "para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes".

La juez que investiga el fraude en los ERE, Mercedes Alaya, ha emitido un auto en el que amplía el periodo de investigación a 1999, solicita más documentación a la Junta y pide al Ministerio de Trabajo que informe sobre varios aspectos de las ayudas sociolaborales dadas por la administración andaluza.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que se amplía el periodo de investigación inicialmente acotado entre el año 2000 y 2010 "para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes".

La juez le pide a la Junta, en relación con las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo de 2010, el expediente completo de la generación de un crédito por importe de 20 millones de euros firmado por el director general de Presupuestos el 21 de noviembre de 2010.

También le solicita la rectificación de la transferencia de crédito por valor de otros 20 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010.

La juez pide que se libre un oficio a la secretaría general técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que informe si las ayudas sociolaborales previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por ERE de la Junta están o no incluidas en el ámbito laboral, "cuya legislación es competencia exclusiva del Estado".

Además, solicita al Ministerio que se pronuncie sobre la procedencia de que la Junta estableciera un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por los ERE y si eso afecta a la legislación exclusiva del Estado.

En su auto, la juez pide que se aporte la posible participación de los servicios del Ministerio en esas ayudas y la documentación de los créditos autorizados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y sucesivos, a favor de la Consejería de Empleo para subvenciones en el ámbito laboral.

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