A fin de disipar dudas y replicar a los últimos acontecimientos judiciales, el frente separatista ha emitido una nota conjunta en la que anuncian haber alcanzado un acuerdo político "global" sobre la denominada "ley de transitoriedad jurídica", una de las tres normas para la desconexión -seguridad social y hacienda son las otras dos- de Cataluña del resto de España.
Tras la declaración del concejal de la CUP Joan Coma y el procesamiento de Francesc Homs, diputado convergente en Madrid, en el Tribunal Supremo por la organización del 9-N, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (Convergencia y ERC) y la CUP han dado publicidad a su entente, pero no al contenido de la ley de transitoriedad para evitar, alegan, que el Tribunal Constitucional la pueda impugnar.
El boceto legislativo serviría, apuntan, para dar cobertura legal al referéndum de la segunda quincena de septiembre del próximo año y facilitar la proclamación de la república catalana en caso de victoria del "sí" a la ruptura en la consulta.
Aprobación por partes
Según el diseño de la hoja de ruta separatista, una primera parte de esta ley debería ser aprobada en la cámara catalana en el verano y el resto entraría en vigor tras el referéndum. De los retazos del texto legal que han desvelado los grupos destaca el artículo 1: "Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social". Se infiere, por tanto, que Junts pel Sí y la CUP tienen pocas dudas sobre el resultado.
Además de un preámbulo, la ley dispone de ocho epígrafes relativos a nacionalidad, territorio y "disposiciones generales", derechos y deberes ciudadanos, sucesión de administraciones, poder judicial, finanzas, celebración del referéndum en el séptimo apartado y de cierre, el proceso constituyente y las disposiciones finales.
Norma sobre el referéndum pendiente
A pesar de que el epígrafe sobre el referéndum es el más urgente, resulta que, según sus propios promotores, es el único "pendiente de concretar" debido a que "Junts pel Sí y la CUP están trabajando a fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum de independencia", afirman en el comunicado.
La nota apunta también que la ley, fruto de un trabajo de seis meses, "dota y habilita a las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana".
Luz verde a los presupuestos
El anuncio permite aventurar que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras ya tendrían apalabrado el visto bueno de los antisistema a los presupuestos autonómicos.
Respecto a las altas probabilidades de que el texto incurra en la máxima inconstitucionalidad, la portavoz de ERC en Junts pel Sí, Marta Rovira, ha zanjado la cuestión afirmando que "entendemos que la ley de transitoriedad jurídica es inimpugnable ya que sirve para transitar de un sistema jurídico español a un ordenamiento jurídico propio donde ya no llega el Tribunal Constitucional".