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Continúa el show golpista en el Supremo

El separatismo atribuye a la lupa europea que Marchena proteja a los acusados de la Fiscalía.

(Barcelona)
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Continúa el show golpista en el Supremo
Un momento de la sesión. | EFE

El 15 de junio de 2011 una mujer le dijo a Jordi Turull que le iba a matar, según afirmó en sede judicial. Se encontraba Turull en los aledaños del Parlamento catalán y un numeroso grupo de manifestantes, los "indignados", trataba de impedir la entrada a la cámara de los diputados con el pretexto de que iban a aprobar unos presupuestos autonómicos "antisociales". Turull declaró que sintió "miedo y desconcierto" y calificó la protesta de "golpe de Estado encubierto" y "festín de los violentos contra todo lo que veían con corbata". Fue el día en que Artur Mas se hizo introducir en el Parlamento en helicóptero.

Según las crónicas, Turull se empleó a fondo en su condición de testigo de cargo en la Audiencia Nacional. Aquello fue, a su entender, un atentado contra la democracia, violencia sin paliativos que puso en riesgo la vida de los diputados, exactamente lo que pasa cuando se juega con fuego, aseguró Turull en relación al movimiento convocante, llamado Democracia Real Ya. Presidía el tribunal Fernando Grande Marlaska, hoy ministro de Interior, que absolvió en primera instancia a los acusados. El Supremo condenaría después a ocho de los veinte acusados a tres años de cárcel.

Turull, envalentonado

Ocho años más tarde, Turull se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista. Envalentonado por la euforia independentista tras la primera semana del juicio, el exconsejero de Presidencia abre la segunda semana del juicio, cuarta jornada, mostrando su extrañeza porque el fiscal Jaime Moreno le haya preguntado si es de Òmnium Cultural. Turull saca pecho. Recuerda al consejero que oficiaba de portavoz del gobierno regional. Dice que sí, que es de Òmnium, y de Cáritas Diocesana, de Intermon Oxfam y del Real Automóvil Club de Cataluña. Y que le extraña que le hagan esa pregunta porque ni en tiempos de Franco ser socio de Òmnium era delito.

Dada la tolerancia del presidente de la sala, Manuel Marchena, con las salidas de tono de los acusados, sigue el show independentista en el Supremo. Turull se queja de que el fiscal no le deja acabar sus respuestas. Desprecia las consideraciones de la acusación, que no tiene ni idea, afirma el preso, ni de Cataluña ni de los catalanes.

Según el mantra, el proceso va de abajo a arriba, los catalanes no son borregos (ovejas dice Turull) que se dejen manipular, la violencia no tiene recorrido en el relato catalán, el movimiento es cívico y pacífico y, literal, una secretaria judicial no pudo huir por los tejados de la consejería de Economía el 20 de septiembre porque en el Ensanche no hay tejados, sino pequeños muros que separan unas fincas de otras.

Preguntas técnicas

Llegados al punto en que a Marchena no le queda más remedio que intervenir para frenar el mitin de Turull, salta la defensa de Junqueras y Romeva, el abogado Andreu Van den Eynde, porque el fiscal se ha referido en su interrogatorio a la agenda de Josep María Jové, un alto cargo de Junqueras, investigado por el juzgado de instrucción número trece de Barcelona. También interviene Jordi Pina, el letrado de Turull, que se queja de la actitud del fiscal.

El aludido, Jaime Moreno, no cambia de registro. Sigue con sus preguntas técnicas. Requiere detalles sobre la organización del referéndum y las reuniones conspiratorias que constan en la agenda de Jové. Turull acaba cayendo en la trampa. Sostiene que la política es ponderar decisiones, que frente a los avisos del Tribunal Constitucional, el Govern ponderaba que votar no es delito, que él mismo era capaz de cumplir los requerimientos de la magistrada del TSJC Mercedes Armas para impedir el referéndum y al tiempo dar cuenta de los avances en la organización del referéndum en rueda de prensa.

Turull dice desconocer quién compró las urnas o quien montó el censo universal. No encuentra contradicción entre su papel en los hechos y la ignorancia que aduce sobre elementos clave de la votación ilegal. También dice que la declaración de independencia que se votó en el Parlamento no fue nada y que este martes ha cumplido 365 días en prisión por algo, montar un referéndum, que según una ley de 2005 no merece reproche penal. Insiste varias veces en eso porque dice que sólo recibió un requerimiento del Tribunal Constitucional, un auto, ni siquiera una resolución, se lamenta.

Marchena se hace notar

La mañana concluye con las preguntas de la abogacía del Estado. Marchena también se hace notar y reprocha en términos muy ásperos a la letrada Rosa María Seoane que su primera pregunta no se entiende. El público de la sala, mayoritariamente independentista, celebra la intervención del juez con risas.

La sesión de tarde comienza con las preguntas del abogado Pina a su cliente Turull. Las preguntas se centran en la cuestión de la violencia. Pina lee mensajes en Twitter de Turull en los que se llama a la movilización, pero siempre "cívica" y "pacífica". A diferencia de lo que ocurrió ante las puertas del Parlament en 2011, lo sucedido delante de la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 no fue nada, sostiene Turull. El intento de linchamiento de una comitiva judicial fue otra gesta, una más, del carácter pacifico del separatismo.

Turno para Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Institucionales y Exteriores de la Generalidad. Exdirigente de Iniciativa per Catalunya, ahora forma parte de ERC. Como su jefe Oriol Junqueras, se niega a contestar a las acusaciones y se proclama de entrada "preso político". Breve intervención en comparación con las casi cuatro horas que ha durado la deposición de Turull.

La culpa, del Estado

Se aferra a las teorías expuestas por Junqueras y añade que el derecho de autodeterminación no está explícitamente prohibido por la Constitución. También recuerda la ley de 2005 y que el supuesto derecho no está contemplado como delito en el Código Penal. La culpa de todo es que el Estado nunca se sentó a dialogar, coincide con Turull. Hasta el último minuto, sostiene, intentaron que el referéndum fuera pactado y nunca, nunca, nunca hubo el más mínimo ánimo de unilateralidad.

Todo lo contrario. Tampoco violencia. Al no responder a fiscalía, abogacía y acusación popular, elude las contradicciones en las que inevitablemente han caído Joaquim Forn y Turull. Aprovechó además para cargar contra la actuación policial el 1-O y para restar importancia a la declaración de independencia, que sólo buscaba, dijo, negociar con el Estado para "dar salida" al "mandato democrático".

Faltan por deponer ocho encausados y no se esperan ya grandes novedades ni en argumentos ni actitudes. Los abogados defensores están eufóricos. Van den Eynde elogia a Romeva, "un hombre de paz", pero se queda muy corto al lado de Jordi Pina, el letrado de Turull, que eleva a su cliente a la categoría prodigiosa de los políticos que cumplen sus promesas, único delito que, dice, se le puede imputar.

Lectura separatista del papel del juez

Este miércoles abrirá la sesión el exconsejero de Fomento Josep Rull, que en principio se someterá como sus compañeros convergentes al interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La lectura del independentismo es que van ganando por goleada, que sus líderes están demostrando gran cuajo, que sus abogados son maestros de las vistas orales y que las acusaciones están naufragando.

El Govern ha estado representado en la sala por la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y el de Exteriores, Alfred Bosch, pares de los declarantes. Artadi se ha quejado de que Marchena haya sido "condescendiente" con Turull al cortar algunas de sus arremetidas políticas contra la Fiscalía. A la consejera no le ha gustado que el juez haya recordado a Turull que tendrá derecho a una última palabra para poner de chupa de dómine a quien le plazca.

Es la única queja separatista contra Marchena. El independentismo atribuye el arbitraje del juez a la lupa europea. Consideran que no quiere que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le pueda atribuir algún defecto de forma en el pastoreo de las sesiones, de lo que infieren la propensión del magistrado a proteger a los acusados de las acusaciones, aún a costa de interferir en los interrogatorios de fiscalía y abogacía del Estado. Los abogados de la defensa temen, por contra, que la "tolerancia" de Marchena no sea más que una estrategia para camuflar una sentencia ejemplar.

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