En un acto solemne en el salón de pasos perdidos, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, sus Presupuestos. La ministra de Hacienda ha escogido un traje de chaqueta de blanco y con una blusa morada. Blanco por fuera, morado por dentro, como su propuesta fiscal, cuya autoría es de Podemos, y con la que esperan recaudar 18.000 millones más hasta los 262.000 millones.
Un aumento que se lo comerá todo la revalorización de pensiones con respeto al IPC. Serán necesarios más de 19.000 millones y dos tercios del gasto social van a los jubilados. La ministra de Hacienda, en línea con lo que ha venido asegurando el presidente del Gobierno, ha recuperado la retórica de ricos frente a pobres. "Algunos piensan que son las élites económicas las que construyen el país. Otros pensamos que son la mayoría de ciudadanos la que permiten avanzar y las que empujan al país hacia la prosperidad", ha añadido en una rueda de prensa posterior.
"Antídoto contra el populismo"
Montero ha definido sus cuentas como un "antídoto contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la desesperanza que son el caldo de cultivo del populismo". Tras entregar las cuentas, comienza la tramitación parlamentaria en la que se incorporarán las enmiendas de los diferentes grupos. Tienen como fecha límite hasta el 27 de octubre. A partir de ahí, comenzará una negociación trepidante hasta la semana del 21 al 24 de noviembre, cuando el Presupuesto llegará se debatirá en el pleno.
El Gobierno buscará el respaldo de sus socios habituales. Bildu se ha mostrado receptivo asegurando que "actuará con responsabilidad" pero que será "muy exigente". ERC ha prometido que hará "sudar al Gobierno" y pone en el centro la Ley de Vivienda, al igual que el año pasado condicionó las cuentas con la aprobación de la Ley Audiovisual.
La norma de Vivienda lleva varios meses atascada en la Comisión. Se han registrado más de 800 enmiendas de los socios, la mayoría de Unidas Podemos, y ya han transaccionado más de 400. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se están implicando personalmente en la negociación.
Desjudicialización
El Gobierno también se ha mostrado receptivo a otra de las propuesta de ERC que, en su llamada agenda de "desjudicialización", quiere reducir el delito por sedición, por el que fue condenado Oriol Junqueras, hasta los 3 años. La Moncloa, con la excusa de equipararlo a países de nuestro entorno, se muestra a favor "si hay respaldo parlamentario".
Las enmiendas alterarán las cifras de inversión. De momento, Andalucía es la más beneficiada en la cantidad total, pero no así en la de habitante, con 3.100 millones. Cataluña es la segunda con 2.769 pero tanto ERC como el PDeCAT piden más inversiones en Rodalíes y a buen seguro la cifra crecerá más.