El Tribunal Constitucional no ha aceptado el recurso del Senado y mantiene las medidas cautelarísimas que dictó el pasado lunes, por lo que la Cámara Alta no podrá votar este jueves, tal y como estaba previsto en un principio, las enmiendas con las que el Gobierno quería modificar el método de elección de los propios magistrados del TC.
En esta ocasión han sido necesarias más de tres horas de deliberación entre los once magistrados, tras las que se ha repetido el mismo resultado que se había producido en la mayor parte de las votaciones del lunes: seis votos a cinco, correspondientes los primeros a los miembros del tribunal del bloque conservador y los segundos a los del bloque progresista.
Los magistrados han rechazado tramitar las recusaciones del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narvaéz, que había vuelto a pedir Unidas Podemos. Una petición a la que se había sumado la Fiscalía en un escrito que algunos expertos consideran una extralimitación, ya que el sólo se había pedido su opinión sobre la aceptación o no del recurso del Senado.
El pleno de este miércoles –el segundo urgente en sólo 48 horas– se ha celebrado después de que el Senado formulase un recurso para levantar estas medidas cautelarísimas acordadas después del recurso de amparo que pidió el PP.
Los argumentos del TC
Según la argumentación expuesta por el bloque conservador del TC, a la que ha tenido acceso LD, "la supremacía de la Constitución debe ser preservada por el Tribunal Constitucional cuando se recurre un acto que de forma patente vulnera un derecho fundamental".
El presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Antonio Narváez, Enrique Arnaldo, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel señalaban también que "la Constitución vincula o sea obliga a todos los poderes públicos. También al Parlamento que no puede desconocer que de forma constante se ha exigido por el Tribunal Constitucional la homogeneidad de las enmiendas con la iniciativa legislativa".
Tras este segundo revés, es previsible que el Gobierno retome el plan del que se ha hablado en las últimas horas: "volcar estas enmiendas" en un proyecto de ley con el que el Ejecutivo también se ahorraría pasar por los órganos consultivos y con una tramitación express lo podría tener aprobado en sólo unos días aunque no descartan habilitar enero, mes inhábil en el Congreso y el Senado, para que la nueva ley salga adelante.
Sin embargo, esto podría chocar con las advertencias que ha lanzado la Comisión Europea, que de forma sutil pero inequívoca apoyó este martes al Tribunal Constitucional y recordó que los cambios legales que afecten a aspectos esenciales del sistema legal de los países de la Unión los "estándares de la UE" requieren que antes de iniciar su tramitación se consulte a las partes implicadas.