Al avieso y artero, cuando no frontal, ataque al Estado de derecho que el Gobierno ha tratado y sigue tratando de perpetrar para hacerse con el control total del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se ha sumado en las últimas horas el esperpento. Y es que, si lo que está sucediendo no fuera de tan extrema gravedad, resultaría hasta cómica la peregrina ocurrencia del gobierno social-comunista y de sus socios secesionistas de promover que el Senado recurra ante el Tribunal Constitucional la medida cautelarísima que, tan solo 24 horas antes, el propio Tribunal Constitucional había adoptado para impedir que se tramite en el la Cámara Alta la ilegal maniobra que trata de modificar dos Leyes Orgánicas como la que atañen al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial vía enmiendas a una reforma legislativa con la que nada tiene que ver como es la destinada a erradicar el delito de sedición y reducir las penas por malversación.
Pensar que el Tribunal de Garantías vaya a desdecirse de lo que tan sólo 24 horas ha dictaminado es tan delirante como pensar que los magistrados del Constitucional adoptaron el pasado lunes su medida cautelarísima desconociendo que el Congreso de los Diputados ya había vergonzosamente tramitado y aprobado esa reforma de leyes orgánicas mediante enmiendas a la reforma del Código Penal el pasado jueves 15 de diciembre. Este es, sin embargo, el chapucero argumento que esgrime la Mesa del Senado (controlada por el PSOE y PNV) ante el TC, argumento que omite, además, que fue la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, la que decidió no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional antes de someter a votación la ilegal intentona.
Aunque este chapucero recurso ante el Tribunal Constitucional contra el mismo Tribunal Constitucional acabe como aquel ridículo intento del golpista de Antonio Tejero de tumbar al suelo al entonces ministro de Defensa, el General Gutierrez Mellado, hay que ser consciente de que estamos ante algo muy grave, tanto entonces como ahora, como es la supervivencia de nuestra nación como Estado de derecho y de nuestro modelo de democracia liberal.
Otro tanto se debe decir del cómico y, al tiempo, inquietante servilismo de la Fiscalía hacia el Gobierno que ha llegado al extremo de requerir al Tribunal Constitucional que aparte al magistrado que lo preside, Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez por haber sido recusados por Unidas Podemos el pasado fin de semana. Teniendo en cuenta que estamos hablando de medidas cautelares en las que no se aborda el fondo del recuso y que, en este momento, la fiscalía ni siquiera es todavía parte de un proceso que todavía no se está tratando, resulta evidente que el Ministerio Público ha preferido hacer el ridículo y aparentar ignorancia del Derecho Procesal antes que quitar la razón al presidente del Gobierno cuando decía aquello de "quien manda en la Fiscalía".
Con todo, que nadie se llame a engaño: el Gobierno está decidido a torcer el pulso a nuestro Estado de derecho con medidas menos burdas y mucho más aviesas como es la de tratar de hacerse con el control del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial mediante una proposición de Ley que podría presentar Mas País o ERC. Al ser partidos no integrados en el Gobierno —y no tratarse, por tanto, de un proyecto de ley— el Ejecutivo evitaría los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. A eso hay que sumar la amenazante subida de tono de Sánchez contra el Órgano de garantías constitucionales, en unas declaraciones en las que le ha acusado de ser "un poder cada vez menos oculto", declaraciones de un presidente de Gobierno contra un Tribunal Constitucional que no tienen precedente en ninguna democracia occidental.
Finalmente, no vamos a negar el acierto de Feijóo al denunciar que Sánchez "está pisando el acelerador de la degradación institucional" pero, precisamente por ello y para frenarlo, más le valdría a la oposición que el parlamento se ocupara en debatir una moción de censura contra Sánchez que a aprobar a toda prisa y sin debate alguno "leyes de desconexión" con nuestro ordenamiento constitucional. Lo que Sánchez pretende es, ciertamente, "reducir a cenizas la arquitectura constitucional de España". Y eso hay que frenarlo y denunciarlo, tanto en Bruselas como en el Congreso con una ineludible moción de censura.