Mientras más de 700 violadores celebran ya haberse beneficiado de la polémica ley del ‘sólo sí es sí', cientos de víctimas reviven el dolor que todos ellos les causaron y se preguntan cómo el Gobierno es capaz de dejar pasar los días sin aprobar su rectificación. Precisamente por eso, la Asociación de Afectados por la Ley del ‘sólo sí es sí'- creada el pasado mes de diciembre en el seno de la Fundación Zaballos- ultima ya una demanda contra el Estado, pero también contra la principal valedora de esta ley.
"Estamos hablando con todas las víctimas, escuchando sus casos, con el fin de cuantificar los daños y exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, pero desde luego el objetivo es también demandar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo comportamiento, en palabras de las víctimas, se ha caracterizado por su soberbia y prepotencia", denuncia Emilia Zaballos.
La abogada advierte de que las denuncias que se presentarán tendrán un coste "brutal" para las arcas públicas, ya que a las que interpondrán las mujeres y los padres de los menores afectados habrá que sumar las reclamaciones que exigirán muchos violadores por el tiempo de más que han pasado en prisión, así como la atención psicológica y psiquiátrica que precisarán -y ya están precisando- muchas de las víctimas.
"Es probable que todas ellas vuelvan a requerir algún tipo de tratamiento y eso corre a cargo de la Seguridad Social, y de los médicos y la infraestructura que tiene la Sanidad pública -subraya Zaballos-, con lo cual, seguimos sumando gastos, por lo que yo, sinceramente, no puedo entender por qué se están poniendo tantas pegas y se está tardando tanto en modificar esta ley".
Violadores indemnizados
En cuanto a las posibles reclamaciones de los violadores, las fuentes consultadas por Libertad Digital se muestran convencidas de que serán muchos los agresores sexuales que solicitarán una indemnización al Estado, sobre todo, aquellos que fueron encarcelados por un delito que ahora directamente ha desaparecido del Código Penal, como es el caso de los abusos a menores que tengan más de 16 años si no se demuestra que se haya ejercido violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima.
Este es precisamente el caso del profesor de San Sebastián de los Reyes acusado de pagar a varios alumnos a cambio de determinadas prácticas sexuales. Como los menores aceptaron el dinero, la ley de Irene Montero ya no lo considera abuso, por lo que el condenado quedó en libertad y su abogado anunció que estudiaría solicitar una indemnización. Según esgrimió, le amparaba la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció el derecho a indemnización en caso de que el condenado acabe pasando en prisión más tiempo del que debiera.
A esta misma vía se acogió también el defensor de Jalal Aarabou, el primer violador excarcelado en Zaragoza, después de que la Audiencia Provincial rebajase su pena de 12 a 7 años de prisión. Su anunció generó una gran polémica y encendió todas las alarmas. Precisamente por eso, las fuentes ya mencionadas insisten en que, aunque serán muchos más los violadores que reclamarán al Estado, la mayoría optarán por no hacer pública su decisión.
Las denuncias de las víctimas
Desde su creación, la Asociación de Afectados no ha hecho más que recabar testimonios de víctimas devastadas e indignadas. "Hablamos con mujeres y padres de niños que han sufrido los abusos en primera persona, pero también con muchas otras asociaciones que, a su vez, aglutinan a decenas de plataformas de mujeres. El objetivo es sumar fuerzas y tratar de hacer una cuantificación de los daños, aunque no nos está resultando nada fácil, porque es la primera vez que se aprueba una ley que crea más perjuicios que beneficios", denuncia la presidenta de la Fundación Zaballos.
En este sentido, la abogada recuerda que el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió la semana pasada de que es probable que el número de violadores beneficiados alcance los 4.000 en los próximos años, incluso aunque el Gobierno acabe rectificando. "Es una barbaridad y, precisamente por eso, es imposible determinar las dimensiones de todo esto ahora mismo, pero lo que sí tenemos claro es que hablamos un número de afectados muy importante y de una indemnización muy cuantiosa", insiste.
En cualquier caso, no esconde que muy probablemente serán otros los que tendrán que apechugar con las consecuencias: "Desgraciadamente, estos se irán de rositas, porque dentro de nada hay elecciones, y llegarán otros gobernantes que se encontrarán con todo esto. Y ya me dirás cómo hacen frente a todos estos costes con unas arcas que ya están vacías".
Casos desgarradores
Sea como fuere, Zaballos tiene claro que, en estos momentos, la labor más importante que tiene la asociación es escuchar a todas las víctimas, algo que ella misma asume en primera persona y que le lleva hacer especial hincapié en el dolor que sufren precisamente los más pequeños; y no solo las niñas, sino también los niños: "Siempre hablamos de las mujeres, pero no se nos olvide que ellos son afectados exactamente igual y que les cuesta muchísimo superarlo e incluso aceptar lo que han vivido para poder trabajar en ello". Su dolor se extiende también a su entorno y más en aquellos casos en los que el agresor forma parte del núcleo familiar.
"Hoy he estado hablando con una madre que descubrió que su suegro abusaba de sus hijos de 6 y 4 años. Se le condenó, pero, gracias a la reducción de condena, ahora sale de prisión y vuelve a integrarse en la familia -relata Zaballos-. Y, claro, ella me decía que están divididos, porque hay quien considera que actuaron bien por denunciar lo sucedido, pero también hay tíos, primos y hermanos que creen que hicieron muy mal denunciándole y que eso se podía haber quedado tapado en la familia. ¿Te haces a la idea de lo que están pasando?"
Acudirán a la manifestación del 8M
Con todo, la Asociación de Afectados por la Ley del ´solo sí es sí´ pretende hacer visible su rechazo a esta norma en la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lo harán previsiblemente junto a las feministas más críticas, aquellas que entre sus consignas reclamarán la dimisión de Irene Montero, una ministra que, a su juicio, no solo ha fallado en su promesa de proteger a las mujeres, sino que se ha dedicado a alimentar a "auténticos chiringuitos que no están dando ningún resultado con tal de que tenerlos callados".
De esta forma, la asociación se posiciona al lado de entidades como el Fórum Política Feminista, que ya hace unos meses reprochó a la ministra que los fondos de violencia de género se destinen "a catas de chocolate y a pintar bancos". En esta línea, Zaballos lamenta la gran cantidad de dinero que los presupuestos siguen otorgando año tras año al Ministerio de Igualdad en detrimento de quienes realmente sí podrían hacer más por las víctimas: "Es una vergüenza que se derroche el dinero de esa manera mientras el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que hacer efectivas todas esas leyes que aprueban, tiene una falta brutal de recursos materiales y personales".