El nuevo objetivo de Bildu para cargar contra la Policía Nacional y la Guardia Civil es la creación de una comisión que investigue en sede parlamentaria los supuestos crímenes de "racismo institucional" que, según el partido proetarra, habrían cometido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los de Arnaldo Otegi lo llaman "racismo institucional". Y se refieren con ello a un supuesto planteamiento "estructural en la gestión de la seguridad en el Estado español" que tendría como idea principal un ataque a determinadas razas y, como gran consecuencia, la acumulación de crímenes racistas.
Los de Bildu lo argumentan señalando que "en fecha 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001 se celebró la primera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, o Conferencia de Durban". Y que en esa cita "se aprobó un programa de acción, el punto 30 del cual, en su apartado e), instaba a los estados a que: "Velen por que la policía y las autoridades de inmigración traten a los migrantes de forma digna y no discriminatoria de acuerdo con las normas internacionales (...)". Y, según Bildu, España no lo estaría cumpliendo.
Ese documento, añade Bildu, "insta a los Estados, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la Iey, a que elaboren y apliquen cabalmente políticas y programas eficaces para prevenir y detectar los casos de faltas graves de los funcionarios de policía y otros miembros de las fuerzas del orden motivadas por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y a que enjuicien a los autores de esas faltas". Los proetarras explican que en el punto 74 del mismo plan se "insta a los Estados, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado a que: a) Establezcan y apliquen políticas que promuevan una policía variada, de gran calidad y exenta de toda discriminación por motivos de raza, y a que se esfuercen por contratar a personas de todos los grupos, incluidas las minorías, para la administración pública, en particular en la policía y otros organismos del sistema de justicia penal, como las fiscalías".
Finalmente, los proetarras afirman que en el punto 85 del mismo texto se "insta a los Estados a que efectúen investigaciones para examinar las posibles vinculaciones entre el enjuiciamiento penal, la violencia policial y las sanciones penales, por un Iado, y el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por el otro, a fin de disponer de pruebas que permitan adoptar las medidas necesarias para eliminar esas vinculaciones y prácticas discriminatorias".
Por todo ello, Bildu considera que debe abrirse una comisión de investigación, para establecer "una diagnosis compartida sobre cuáles son las medidas a tomar para evitar cualquier discriminación racial y étnica en un área tan sensible y que afecta tanto al día a día de la ciudadanía como es la gestión de la seguridad, tanto pública como privada".
Porque, según los proetarras, "en el Estado español hay muchos casos de flagrante racismo institucional y violencia policial". "Esta discriminación no sólo se produce en manos de fuerzas de seguridad públicas, como fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y policías locales; sino que a menudo se encuentran casos flagrantes por parte de responsables de seguridad privada", añaden.
"Por estos motivos es imprescindible poner en marcha una comisión de estudio que, antes de finalizar esta legislatura, nos permita elaborar un diagnóstico compartido sobre la discriminación racial en la gestión de la seguridad, tanto pública, como privada", señala el partido de Arnaldo Otegi.