A la querella de la Comunidad de Usuarios Rus-Valdelobos y la denuncia de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y la Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García-Page suma una más: la que el pasado 16 de marzo interpuso ante la Fiscalía la llamada Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos por un presunto delito de revelación de información privilegiada. Los acusados serían, en este caso, el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, su número 2, Agapito Portillo Sánchez, y la directora general de Políticas Agroambientales, Silvia Nieto Sevillano.
Según el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, todos ellos serían los responsables de haber "facilitado de forma privilegiada el borrador o proyecto de la nueva convocatoria de la ayuda o subvención a la agricultura ecológica a algunas empresas o entidades" de certificación antes de su aprobación. No en vano, la denuncia en la que se alertaba de tal posibilidad se presentó semanas antes de que esto ocurriera: la publicación oficial no se produjo hasta el 27 de marzo y la aprobación en Consejo de Gobierno no llegó hasta el 4 de abril.
Tal y como los agricultores advertían la Fiscalía Anticorrupción, esto supondría la revelación de antemano de los requisitos que a posteriori se iban a exigir para poder acceder a las mencionadas subvenciones. De esta forma, según denunciaban, todos sus clientes podrían hacer las gestiones necesarias para cumplirlos.
Las ventajas de recibir la información
"La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha está facilitando información privilegiada que puede hacer que tanto las empresas certificadoras como los clientes de la misma tomen decisiones que les permitan estar dentro de los agricultores que sí cobrarán la subvención. Por ejemplo, en el caso que la futura Orden de ayuda a la agricultura ecológica priorice más a los agricultores que nunca han estado en agricultura ecológica, los que sepan dicha información pueden cambiar la titularidad de la explotación a otra persona y así cobrar la ayuda", alertaba la Unión de Uniones. "O también, las propias empresas certificadoras pueden conseguir con esta información adicional hacer el mayor número de contratos de certificación o auditoria con agricultores ecológicos por el hecho de tener la información privilegiada y obtener mayores ingresos", añadía la denuncia.
La filtración cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, tal y como subraya el escrito, la subvención de 160 millones de euros sólo llegará para cubrir el 42% de la superficie actual dedicada a la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha. "Por tanto, quienes han recibido la información privilegiada van a poder posicionarse en el mercado y hacer las gestiones necesarias para cobrarla", reiteran los denunciantes.
El beneficio para las entidades certificadoras tampoco es baladí. Para poder acceder a las ayudas, los agricultores tienen que pasar cada año una inspección o auditoría por la que se cobra entre 4 y 6 euros por hectárea. De esta forma, según los denunciantes, auditar toda la superficie "supone unos ingresos para las empresas certificadoras o auditoras de entre 8.250.000 euros y 12.360.000 euros y, lógicamente, cuantos más agricultores ecológicos consiga la empresa auditora o certificadora gracias a la información privilegiada, más ingresos tendrá".
"Gato por liebre" a la UE
Además, los agricultores también denuncian el intento del Gobierno de García-Page de "dar gato por liebre" a la Comisión Europea con el fin de parecer que Castilla-La Manchan cumple con el objetivo de destinar el 25% de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica de aquí a 2030. Según defienden, el hecho de que las subvenciones regionales sólo vayan a llegar a un 48% derivará en que los propietarios del resto de tierras acaben tirando la toalla.
"Ante tal previsión de pérdida de hectáreas de la agricultura ecológica, la Consejería de Agricultura ha tomado la decisión de certificar como ecológico todo tipo de tierra no labrada: montes públicos, pastos, laderas de caminos, etc, incluso podrían certificar las cunetas de las carreteras, los campos de futbol, etc… como modo desesperado de conseguir aumentar la superficie ecológica", advierten. De esta forma, creen que "al haber facilitado información privilegiada a las entidades certificadoras o auditoras podría estar buscando como beneficio que dichas empresas accediesen a certificar el monte público como tierra labrada ecológica".
Según la denuncia, que aún aguarda respuesta por parte de la Fiscalía Anticorrupción, los hechos mencionados podrían dar lugar a sendos delitos de asesoramiento y revelación de información privilegiada, castigados con cuantiosas multas, además una posible inhabilitación especial para empleo o cargo público y una pena de prisión, en caso de "grave daño para la causa pública o para tercero", de uno a seis años.