PP y Vox se preparan para la negociación política que seguirá a la cita con las urnas el próximo 28-M. Aunque la campaña electoral distorsiona los mensajes que lanzan ambos partidos para marcar perfil propio, lo cierto es que sus equipos tienen claro que les tocará sentarse a hablar si quieren mantener o ganar gobiernos.
Al choque que pueda producirse por el reparto de cargos o la distancia ideológica, se suma su diferente forma de funcionar a nivel interno. Frente a la estructura territorial del PP, con más de 30 años de Historia y que lidia con todo tipo de contrapesos como el de los barones regionales, se encuentra un partido de reciente creación como Vox que carece de cuadros en todo el país y toma todas sus decisiones de manera centralizada.
Después del 28-M, el partido de Santiago Abascal aspira a negociar con los de Alberto Núñez Feijóo territorio por territorio, en función de los resultados obtenidos, pero desde una perspectiva general de país, lo que implica un reparto global de ayuntamientos y comunidades, haciendo recaer en la dirección nacional el peso de las conversaciones.
Así ocurrió en Castilla y León, donde la mano derecha de Abascal, Kiko Méndez Monasterio, estuvo presente en todas las reuniones que el PP de Alfonso Fernández Mañueco mantuvo con el equipo de Juan-García Gallardo. Una fórmula que se repetirá en el resto de España cuando haya que acordar gobiernos en regiones o ciudades importantes.
El temor del PP
El PP ya cuenta con que Vox quiera imponer una negociación global que apenas dejaría margen de maniobra a sus diferentes territorios, lo que divide a las filas populares. Mientras algunos miembros "aceptan" que no habrá otra manera de lograr determinadas plazas, otros se resisten a ver mermada su influencia por lo que no quieren ni oír hablar de unas conversaciones centralizadas.
Los dirigentes populares contrarios a esa negociación global explican la situación con un ejemplo: "No se puede obligar a un alcalde de una capital de provincia de Castilla y León a que su número dos sea de Vox porque lo hemos intercambiado por un puesto en Valencia".
Desde el PP también aseguran que, "a diferencia de Vox", ellos sí cuentan con equipos negociadores de confianza para poder llevar a cabo estas conversaciones a nivel territorial, como demuestra el hecho de que Feijóo haya dado libertad a sus presidentes autonómicos para pactar acuerdos después de las elecciones municipales y autonómicas, a pesar de insistir en marcar distancias con los de Abascal.
La influencia en las generales
En el equipo de Alberto Núñez Feijóo tienen claro que vigilarán de cerca todas las conversaciones ante las "consecuencias" que van a tener los futuros gobiernos municipales y autonómicos en el resultado de las generales, previstas para final de año. "No nos pueden colar a otro Gallardo", explican en referencia al vicepresidente de Vox en Castilla y León y su deteriorada imagen, lo que puede acabar perjudicando a toda la derecha.
Otra de las preocupaciones que existe en el seno del PP en estos momentos son los pactos que se puedan firmar. "Vox va a querer poner cosas sobre el papel y Feijóo no va a tragar con según qué cosas", sentencian. "Nos preocupa mucho este asunto porque Feijóo no va a firmar aquello que no crea, prefiere perder puestos o, incluso, en determinadas alcaldías, ir a la investidura sin negociar para forzar a Vox a tomar partido", dicen fuentes del PP.
Apuntan que "hay determinadas plazas" que se pueden arriesgar y otras no. "No se va a jugar, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha si dan los números y se puede desalojar al socialismo", apostillan. Aún así, advierten de que el detalle de las medidas acordadas puede meter en apuros al PP, como ocurrió con el protocolo antiaborto anunciado por Vox en Castilla y León.
Sobre los tiempos, en el PP son partidarios de "alejar" las negociaciones "lo máximo posible de las generales" para evitar que su acercamiento a Vox pueda lastrar sus expectativas electorales, especialmente después de los esfuerzos realizados para atraer a los votantes de centro. "Hay que cerrarlo antes del verano porque a la vuelta de septiembre nos encontraremos en la precampaña de las generales", recuerdan.
Aunque los diferentes gobiernos que se acuerden tras el 28-M apenas tienen margen de tiempo para cometer errores antes de las generales, ambos partidos son conscientes de que la izquierda mirará con lupa aquello que hagan para utilizarlo como arma arrojadiza. Una presión que guiará sus decisiones durante, al menos, seis meses en los que lucharán por evitar que un tropiezo acabe frustrando un futuro gobierno nacional, verdadero objetivo de ambos partidos.