El último informe publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos no solo ha revelado unas cifras de secuestros parentales nunca vistas en España, sino que pone de manifiesto hasta qué punto el Ministerio del Interior era consciente de la delicada situación que Irene Montero y todo su séquito al frente de Igualdad estaban propiciando sin que el presidente del Gobierno hiciera nada para desautorizar a la ministra a la que él mismo nombró.
En el mismo documento en el que se destapa que en 2021 y 2022 se registraron 434 y 428 casos respectivamente -récord absoluto desde que se tienen datos públicos-, el CNDES reconoce la gravedad de esta lacra e incluso hace hincapié en que el Ministerio del Interior se ha visto obligado a tomar medidas para tratar de frenar la avalancha de secuestros detectados en los últimos años.
Un "fenómeno social" preocupante
En un apartado, titulado "El fenómeno de la sustracción de menores", el informe subraya que se trata de un "fenómeno social que, por el incremento de hechos denunciados", se ha convertido en una "cuestión prioritaria". En este sentido, el Centro Nacional de Desaparecidos trata de justificar la ocultación de las cifras de los últimos años, escudándose en cambios normativos y hace propósito de enmienda, publicando las ya mencionadas cifras de 2021 y 2022, y corrigiendo las de 2020, año en el que se habrían registrado 294 casos y no 35, como se había informado previamente.
Con todo, el organismo dependiente del Ministerio del Interior subraya la importancia de analizar "la evolución del fenómeno en profundidad para mitigar este problema" y desvela que ya en marzo se empezaron a tomar las primeras medidas al respecto. Así, el CNDES informa de que en el I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas presentado entonces por el propio Grande Marlaska ya se incluyen medidas específicas para tratar de frenar la avalancha de secuestros parentales.
Formación y mediación
A pesar de que en las comparecencias públicas se evitase abordar esta cuestión para no incomodar a la otra pata del Gobierno, lo cierto es que el mencionado plan incluye dos grandes bloques relacionados con este asunto, lo que demuestra que el ala socialista era perfectamente consciente de la delicada situación a la que se habría llegado tras los indultos de Juana Rivas y María Sevilla, con las consecuentes falsedades difundidas por Irene Montero para tratar de justificar las medidas de gracia.
En primer lugar, Interior se compromete a avanzar en la "formación integral de los agentes", haciendo hincapié en la "evitación de errores en la recogida de denuncias", una de las principales quejas de las asociaciones que tratan de luchar contra los secuestros parentales. "La gran mayoría de las denuncias no se llegan a presentar debido a los impedimentos que aquellos agentes que no están formados en la materia les ponen para hacerlo. Muchas veces se les dice que es un tema familiar o un tema de custodia que se dirime por la vía civil", lamentaba el presidente de NISDE, Javier Somoza, en declaraciones a Libertad Digital. Precisamente por eso, está convencido de que las cifras podrían ser incluso peores.
La segunda medida que Interior se comprometió en marzo a adoptar con la puesta en marcha de este Plan Estratégico es la creación de una "Oficina del mediador" para los casos de sustracción internacional, los más difíciles de resolver. En esta línea, el departamento de Grande Marlaska presume de mantener "una estrecha colaboración" con el Ministerio de Justicia.
El efecto llamada
A lo que no hace referencia el CNDES, al menos por escrito, es al papel de un Ministerio de Igualdad que, sin embargo, parece haberse convertido en cómplice de aquellas mujeres que secuestran a sus hijos. Desde que Irene Montero llegó al poder en 2020, la ministra se ha dedicado a aplaudir la decisión de las madres que se fugan con sus hijos para impedirles ver sus padres e incluso las ha llegado a bautizar como "madres protectoras", creyendo a pies juntillas el discurso de que lo hacen porque sus exparejas son maltratadores, aun a sabiendas de que la Justicia ha desestimado tales acusaciones.
El ejemplo más claro es el de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada por mantener a su hijo secuestrado durante dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) en condiciones totalmente insalubres, sin controles médicos y sin ver prácticamente la luz del sol para evitar ser descubiertos. A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno le concedió el indulto e Irene Montero arremetió contra su ex, Rafael Marcos, al que tachó públicamente de maltratador.
Sus declaraciones le acaban de costar una condena de 18.000 euros por vulneración del derecho al honor de un hombre sobre el que se han dicho todo tipo de mentiras, puesto que todas las denuncias fueron desestimadas. No en vano, recientemente, hasta su propio hijo -que hoy vive con él- ha destapado públicamente la gran farsa protagonizada por su madre. Aun así, el presidente del Gobierno, el responsable último del nombramiento de Irene Montero, jamás la ha desautorizado.