En el día en el que se cumplen seis años de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, el 17 de agosto de 2017, los partidos independentistas han arrancado a Pedro Sánchez que el Congreso organice una comisión de investigación sobre dichos atentados sobre la teoría de que fueron organizados por elementos de las denominadas "cloacas del Estado" para desestabilizar la región catalana mientras se cocía el golpe de Estado.
Esa es la tesis que defienden los dos grandes partidos independentistas, que aluden a unas ambiguas declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo y a que el imán que radicalizó a los jóvenes de Ripoll que cometieron los atentados, Abdelbaki Es Satty (muerto la víspera de los atentados en la explosión de la casa de Alcanar donde la célula islamista preparaba unas bombas) había sido confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), extremo que no ha sido probado.
Según los independentistas, los atentados fueron un ataque de falsa bandera liderado por los servicios secretos a los efectos de abortar la asonada golpista que se materializaría semanas después, con el intento de asalto de la consejería de Economía que registraba la Guardia Civil, el referéndum ilegal, la proclamación de independencia de Puigdemont y su ratificación en el Parlamento catalán.
Tras la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso y la constitución de una Mesa de la Cámara Baja controlada por el PSOE, se dará pie a la creación de tal comisión y pábulo a las teorías de la conspiración separatistas.
También se investigará el espionaje de diversos dirigentes independentistas a través de la intervención de sus móviles con el programa Pegasus. El caso provocó que el Gobierno cesara a la directora del CNI, Paz Esteban, sustituida por Esperanza Casteleiro. Sobre ese asunto, el Tribunal Supremo acaba de desestimar la demanda de Quim Torra y Josep Costa –exvicepresidente de la cámara catalana perteneciente a Junts–, quienes pretendían haber sido espiados por el CNI.
En cuanto a otros políticos separatistas, Esteban, en comparecencia en una comisión del Congreso, aportó la documentación que demostraba que las intervenciones telefónicas se habían llevado a cabo con autorización judicial y a consecuencia de los graves disturbios organizados por el llamado "Tsunami Democràtic" en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado y que incluyeron el asalto violento del Aeropuerto de El Prat y que, además, dejaron gravemente heridos a varios agentes de la Policía Nacional.
El "fleco" de Junts, catalán en la UE
La tercera concesión es la introducción del catalán en los usos lingüísticos del Congreso de los Diputados, con lo que se supone que a partir de ahora las intervenciones de los diputados de ERC y de Junts per Catalunya (JxCat) se harán en ese idioma, lo que requerirá la adaptación de la cámara a la novedad y la contratación de intérpretes.
De momento, nada se ha dicho sobre los idiomas vasco y gallego. El "fleco" pendiente al que aludía Junts antes de prestar sus votos al PSOE era que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, registrara una petición ante la UE para que el catalán sea idioma oficial en las instituciones comunitarias, algo que Albares ha cumplimentado solícitamente.
A partir de ahora, amnistía y autodeterminación
Pero eso es tan sólo el principio de una negociación que a partir de ahora se centrará en la investidura de Pedro Sánchez y en la que ya están sobre la mesa las dos peticiones de máximos del independentismo, la amnistía para todos los encausados por causas relacionadas con el golpe de Estado, la organización del referéndum ilegal y la violencia separatista, así como un referéndum de autodeterminación.
En cuanto a la amnistía –o "desjudicialización del procés como prefieren llamarla socialistas y separatistas– fuentes socialistas reconocen que el Congreso aceptará la tramitación de una ley al efecto, pero que el PSOE no se ha comprometido a votar a favor. Y sobre el referéndum, aducen que no se hará nada que exceda del marco constitucional. La retórica socialista sobre este particular alude a una votación sobre los acuerdos políticos que se alcancen en la mesa de negociación con la Generalidad instaurada durante la pasada legislatura –el instrumento que propició los indultos, la desaparición del delito de sedición y la reforma del de malversación– y en la que Junts entonces no participó porque según Puigdemont era una "farsa".
Tras la constitución del Congreso, ha comenzado la cuenta atrás para la operación para investir a Sánchez con esos dos asuntos en el centro de las negociaciones.