El PSOE y su líder, Pedro Sánchez, están en el trance de aceptar la propuesta separatista de una amnistía para los delincuentes golpistas que destroza todos los consensos de la Transición, porque Junqueras y compañía no fueron presos políticos, contra lo que extendieron con éxito sus terminales mediáticas y sociales, ni Puigdemont es un exiliado. Se trata en todos los casos de delincuentes comunes que pisotearon y vulneraron la Constitución y gran parte de las leyes de la democracia. Por tanto, nada que ver con quienes se alzan o manifiestan contra un régimen no democrático.
Sin embargo, la presión de esa parte del empresariado catalán que avaló el llamado procés y que ahora trata de borrar el pasado con alegatos en favor del olvido y una falsa reconciliación, de los medios que ampararon a los golpistas y de los propios golpistas, que sin recato alguno sostienen que lo volverán a hacer mientras chantajean al PSOE y Sumar con el peso de sus votos en el Congreso, acabará por tener éxito frente a un Sánchez que ya cedió con los indultos, que ha tratado de seducir a Puigdemont con la impunidad judicial y que es capaz de normalizar lo aberrante, que eso es el sanchismo, con tal de mantenerse en el poder.
Pero esa amnistía que intentan apañar con el delirante argumento de que es perfectamente constitucional, cabe en el ordenamiento jurídico y sólo requiere de una mayoría absoluta en el Congreso supone el triunfo de las tesis golpistas e inevitablemente dará paso a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, un referéndum que tras la amnistía caerá sobre su propio peso, una vez decretado que lo ocurrido en 2017 no fue una concatenación de delitos de grueso calibre contra la democracia y contra la convivencia entre españoles sino un proceso perfectamente legal, aceptable y consistente tan sólo en votar.
Que Sánchez vaya a aceptar semejante despropósito contra las más elementales normas de la convivencia, la ley y la democracia muestra hasta qué punto es capaz de degradar a España para satisfacer sus ansias de poder, que redundan en el beneficio de los enemigos de la nación, los proetarras y los separatistas. Pero consciente de su situación de superioridad en la escena y haciendo gala del oportunismo que le caracteriza, el prófugo Puigdemont pretende además una humillación en toda regla del Estado y de nuestra democracia. La convocatoria de una reunión telemática dos horas antes de la sesión de constitución en el Congreso de la XV Legislatura para decidir el sentido del voto de sus siete diputados en Madrid es un gesto de una prepotencia intolerable que en ninguna democracia medianamente normal se pasaría por alto.
El precio impuesto a la investidura de Sánchez por los separatistas no sólo es la amnistía, sinónimo de impunidad y de derrota de la ley, sino el fin de la democracia en España instaurada en 1977. Y sólo alguien sin ningún escrúpulo y sin dignidad puede pagar dicho precio.