Se acabaron los tiempos en los que la izquierda blandía el "termómetro" de la calle como prueba de legitimidad social contra un Ejecutivo. Ahora, son ellos los que están en la Moncloa y las manifestaciones, como se pudo ver este pasado domingo en la plaza Felipe II de Madrid, son contra Pedro Sánchez y la amnistía que está negociando con Junts.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado polemizar con las distintos números de asistencia que se dan los organizadores, la policía o la Delegación de Gobierno, todos ellos por encima de lo esperado. "La cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura", añadía mientras recordaba que en el Congreso se necesitan más de 175 asientos. Un número al que el PSOE y Sumar sólo llegan si incluyen al partido de Carles Puigdemont en la ecuación.
Rodríguez insistió afirmando que "la mayoría social de España la escuchamos con mucha rotundidad en las urnas el pasado 23 de julio". Aunque no argumento porqué , hasta el día después de esas elecciones, el PSOE se mostraba en contra de una amnistía a los políticos catalanes fugados. Una medida que ahora se negocia y cuya oposición centró los discursos centrales de Feijóo o del resto de intervinientes.
Eludiendo responder sobre Puigdemont
Un claro ejemplo de este giro lo ofreció la propia Rodríguez cuando se le preguntó, como en anteriores ocasiones, si Puigdemont tenía que volver y rendir cuentas ante la justicia por los delitos de sedición y malversación.. La cuestión que, hasta hace un par de meses se le formulaba con normalidad, ahora genera una incomodidad evidente.
"Como hemos respondido con anterioridad y en tantas ocasiones, quizás no haga falta la repetición", argumentaba Rodríguez para eludir responder y evidenciar el volantazo del Gobierno ahora que necesita los votos de Junts para seguir en el poder. "Insisto en el momento en el que nos encontramos", terciaba.