Bildu necesita crear un clima con el que justificar que sus etarras también se pueden acoger a la amnistía. Para ello quiere que se acelere la catalogación como "torturadores" de policías destinados a esta comunidad, de modo que los miembros de la banda asesina se puedan acoger a la deslegitimación de las acciones judiciales, policiales y estatales que supone una amnistía. Pues bien, justo en plena negociación de los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez y de la amnistía a los delincuentes del 1-O, arranca el proceso de reconocimiento como "víctimas estatales" en Navarra.
Los trabajos del Gobierno de Navarra -en manos del PSOE y con el apoyo de separatistas y comunistas y el permiso de los proetarras- dieron comienzo en junio de este mismo año, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. El Ejecutivo de María Chivite empezó, de ese modo, la tramitación de los primeros expedientes abiertos por denuncias por supuestos abusos llevados a cabo por parte de "cuerpos policiales y grupos de extrema derecha en Navarra".
Algunos casos ya se están tramitando
Se trata de expedientes administrativos que no cuentan con el respaldo de acciones judiciales ni sus correspondientes garantías, pese a lo que la norma ha entrado en vigor. La comisión de expertos del Gobierno navarra, de hecho, ha admitido a trámite ya varios casos y ha dado comienzo incluso a las entrevistas con los denunciantes. Todo ello, al amparo de la ley foral 16/2019 de apoyo a las "víctimas y familiares de personas que sufrieron malos tratos por parte de la policía y grupos paramilitares entre 1950 y principios de la década de 2010", como destacó en su momento el Gobierno navarro. Entre esos casos se encuentra el de Mikel Zabalza. Y hay que recordar que Zabalza fue ya reconocido como víctima por el Gobierno Vasco en el año 2022 en base a una norma similar impulsada en esta segunda autonomía.
Una forma de deslegitimación del Gobierno
Bildu ha celebrado ya el arranque de estos procesos de reconocimiento de supuestas torturas policiales. Y es que encaja por completo en sus planes.
Junts y ERC ya han exigido la amnistía de los delincuentes separatistas como condición para el apoyo a la investidura de Sánchez. Y, una vez implantada, la pretende utilizar Bildu para invocar el término "preso político" y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese es el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junqueras asegura que "está ya pactada" y que deslegitimaría de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras.
Los círculos de Bildu no lo ocultan. Y la causa radica en que la amnistía supone una deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como "presos políticos" y "condenados políticos" aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que ha albergado las condenas o procesos judiciales no ha tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como "parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español", según esa argumentación. En ese plan, la catalogación de "torturas policiales" encaja al cien por cien.