La Mesa del Congreso ha decidido habilitar todo el mes de noviembre, incluido fines de semana y festivos, para poder celebrar el pleno de investidura de Pedro Sánchez en cualquier momento, a la espera de que el prófugo Carles Puigdemont dé luz verde para su convocatoria. La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, tiene la potestad de decidir la fecha con apenas 24 horas de margen, sin necesidad de convocar a los órganos parlamentarios, aunque es tradición hacerlo por cortesía institucional.
Una vez el PSOE registre la ley de amnistía para dar satisfacción a Junts, el Pleno se convocaría casi inmediatamente, previsiblemente para el 8 y 9 de noviembre, siendo este último día festivo en Madrid al ser La Almudena. El gobierno pretende cerrar cuanto antes la fecha para evitar un desgaste mayor del que ya está sufriendo en las negociaciones con los separatistas, a los que ha concedido todas sus exigencias sin necesidad de que hayan renunciado a nada.
Fuentes parlamentarias aseguran que el gobierno pretende pedir informe a los letrados del Congreso sobre la ley de amnistía para no dejar ningún fleco suelto, de ahí la urgencia de nombrar este mismo viernes a Fernando Galindo como el nuevo letrado mayor de la Cámara a pesar de haber sido hasta ahora alto cargo del gobierno del PSOE. Una decisión a la que se ha opuesto el PP en la Mesa pero que ha salido adelante con la mayoría de izquierdas de los socialistas y Sumar.
La habilitación del mes de noviembre para la convocatoria de plenos se produce cuando el Parlamento lleva un mes sin actividad, como denunció el PP, que acusó al Gobierno de cerrar el Congreso para eludir el control de la oposición. No se convocaba, la Mesa ni la Junta de Portavoces ni comisiones o sesiones de control para poder fiscalizar la labor del Ejecutivo, aunque esté en funciones, además de poder solicitar la comparecencia del presidente y los ministros para que den cuentas de sus decisiones.
La Mesa del Congreso ha decidido también por unanimidad la posibilidad de poder rectificar los votos de manera oral para evitar situaciones como las vividas durante el Pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo cuando un diputado de Junts votó de viva voz a favor del candidato popular y, una vez repetido su apoyo por la secretaria de la Mesa, dijo que no desde el escaño. Lo ocurrido motivó que la presidenta de las Cortes acabara declarando su voto nulo.