No son pocos los medios que titulan que la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas no recoge el término lawfare. Sin embargo, el apartado segundo de la exposición de motivos alude de manera implícita e inequívoca a la "guerra judicial" o persecución judicial por motivos políticos o ideológicos. La frase es larga, infumable, pero abre un coladero para la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, condenada por corrupción, para el asistente de Puigdemont Josep Lluís Alay, el enlace del prófugo con los más variopintos personajes del régimen de Putin, para el letrado Gonzalo Boye, encausado por blanqueo de capitales del narcotráfico, y para todos los investigados en la operación Voloh, relativa a las conexiones procesistas con Rusia en el marco de la guerra híbrida de Putin contra la Unión Europea.
Dicha alusión es la siguiente: "La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".
La supuesta persecución y sus beneficiarios
Resulta obvio que los actos que en el marco de los actos que "acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver" son aquellos de los que habla la defensa de Borràs, ejercida por el mismo Boye, cuando presenta a su clienta como víctima de una persecución política, pese a que su condena es relativa a la fragmentación de contratos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas. También Boye quedaría incluido, ya que siempre ha alegado que su procesamiento en la Audiencia Nacional responde a una venganza judicial por su papel en la defensa de Puigdemont.
Por otra parte, "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables" incluye al exconsejero de la Generalidad condenado por contratar como asesor a un sargento de los Mossos que ejerció de guardaespaldas de Puigdemont en el extranjero y al mismo agente, condenados recientemente por el TSJC a cuatro años. Así como a los emisarios y contactos de Puigdemont con el régimen ruso.
El apartado dispositivo desarrolla con más profundidad la escapatoria, como se verá más adelante. La mano de Boye en el artículo es más que evidente.
Devolver a la política un "conflicto político"
La exposición de motivos es además el triunfo de las tesis independentistas y del mantra de la "judicialización de la política" con el que durante años los líderes separatistas preñaron todos sus discursos. Había que devolver a la política lo que nunca debió de salir de la política, decían. Lo han conseguido. Hay hasta cinco alusiones a ese particular:
- "Al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".
- "Así, esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática.
- "Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo".
- "Si bien no hay democracia fuera del Estado de derecho, es necesario crear las condiciones para que la política, el diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda de soluciones a una cuestión política con una presencia recurrente en nuestra historia.
- "Se consagra así legalmente la voluntad de avanzar en el camino del diálogo político y social necesario para la cohesión y el progreso de la sociedad catalana, en el entendimiento de que el refuerzo de la convivencia justifica la presente ley de amnistía, que supone un punto de inflexión, con la finalidad de superar obstáculos y mejorar la convivencia avanzando hacia la plena normalización de una sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante el diálogo, la negociación, y los acuerdos democráticos. De esta manera, se devuelve la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política".
Proposición blindada
Quien crea, por otra parte, que la ley podrá ser paralizada, que sus efectos no serán inmediatos tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado ya puede olvidarse de esas tesis. La proposición señala que "el carácter de ley singular que excepciona la aplicación de normas vigentes a los hechos acontecidos en un determinado contexto en aras del interés general deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".
El lawfare en el articulado
En cuanto a la ley propiamente dicha, el artículo primero desarrolla el concepto de lawfare en su tercer párrafo al advertir que "se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo ( actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos) o hubieran recabado información a estos efectos.
Acusaciones por terrorismo desactivadas
El artículo 2 es el que exonera al Tsunami Democràtic (asalto al aeropuerto, cortes de carreteras, etc, etc, que la Audiencia Nacional investiga como terrorismo) y libra del cargo de terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como a los CDR que estaban a un paso de ser juzgados por terrorismo. En el redactado se especifica que quedan excluidos de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017".
El retorno de Puigdemont
Y dado que no hay sentencia firme, asunto resuelto, del mismo modo que la ley supone la bienvenida a España de todos los fugados encabezados por Puigdemont en los siguientes términos: "Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención".
La ley también convierte en papel mojado la vista en teoría prevista para este viernes en el Tribunal de Cuentas contra los políticos encabezados por Artur Mas que malversaron millones de euros a los efectos de difundir internacionalmente todas las mentiras del independentismo, contratar asesores, pagar viajes y estancias a los "mediadores" internacionales y llevar a cabo una de las mayores campañas de "fake news" de la historia.
Si el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts el pasado jueves 9 de noviembre parecía grave, la proposición de ley de amnistía supera con creces lo contenido en ese documento firmado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, el indultado Jordi Turull. Y a pesar de las numerosas alusiones a la cohesión social, la concordia, el progreso y la convivencia, Puigdemont ya ha advertido que exigirá la celebración de un referéndum de autodeterminación. La amnistía es sólo la primera parte de este nuevo "procés".