El PSOE ha registrado en solitario y de manera presencial en el Congreso de los Diputados el texto de la Ley de Amnistía. ERC se ha caído por divergencias con los últimos cambios introducidos tras la negociación con Carles Puigdemont. Algo que han "lamentado" desde Sumar donde han justificado la ausencia de su portavoz parlamentaria, Marta Lois, porque "no ha habido rúbrica de todos los grupos". "Era importante", terciaban desde el partido de Yolanda. Desde el PNV han dado otra versión y han terciado que declinaron firmar la Proposición de Ley porque "las partes negociadores no se lo han requerido".
Durante varias horas, el PSOE ha esperado a que se sumasen el resto de partidos. Incluso en su redacción final, donde figura únicamente el Grupo Parlamentario Socialista, se conjuga en plural el verbo y afirman que "tienen el honor de dirigirse a la mesa" para presentar la Proposición. Todo estaba listo para que se incluyeran las firmas de Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG pero las horas pasaban y no había consenso. Así que el PSOE, que quería liquidar su registro antes de finalizar el lunes, ha optado por registrarla en solitario pasadas las 6 de la tarde y con la única firma de su portavoz parlamentario, Patxi López.
Uno de los autores intelectuales de la norma, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha evitado comentar el plantón de sus socios. "Las razones de otros grupos les corresponde a ellos presentar los motivos", ha asegurado en el Congreso. El socialista ha asegurado que la norma "es impecable desde el punto de vista Constitucional" y lo ha defendido como "un paso de gigante" para "fomentar la convivencia".
A la medida de Puigdemont y Mas
El documento de 23 páginas trata de encajar la constitucionalidad de la medida afirmando que "desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno" y justifica la amnistía en aras "del interés general".
La exposición de motivos, más que una seria reflexión, parece enfocada a justificar ante el Tribunal Constitución que la norma se adapta a la Carta Magna. Incluso se afirma que la amnistía "está prevista en los textos constitucionales de países europeos como Italia, Francia o Portugal" y recuerda que el país luso aplicó una el pasado 2 de agosto para amnistiar a los jóvenes menores de 30 años con motivo de la visita del Papa Francisco.
Lo que obvia es que era para delitos menores y estaban excluidos los delitos contra la soberanía nacional y contra la aplicación del Estado de derecho. Algo que sí se incluye en la que el PSOE va a registrar en el Congreso.
A la medida de Puigdemont y Mas
La norma consta de 16 artículos divididos en tres títulos y dos disposiciones adicionales . El perímetro de la amnistía incluye desde "los actos de responsabilidad penal, administrativa o contable" en las "consultas del 9 de noviembre de 2014 y las del 1 de octubre de 2017".
Esto permitirá no sólo traer de vuelta a Puigdemont y al resto de fugados como Toni Comín. También está hecha a la medida para que el Tribunal de Cuentas exima al expresidente, Artur Mas, y al exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, de la multa de 4,95 millones de euros que les exigen por el referéndum ilegal de 2014. Sus causas quedarán "extinguidas" , según afirma el texto que va a tramitar en el Congreso.
La amnistía a políticos que desviaron dinero público para organizar los referéndum ilegales queda claro desde el artículo 1. Ahí están incluidos todos los actos "tipificados como delitos de usurpación, de funciones públicas o de malversación".
Amnistiando a los CDR
El texto también tiene previsto amnistiar "los actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad de sus agentes y los funcionarios públicos" y de "terrorismo". Un párrafos hecho a la medida de Tsunami Democrático y los CDR que durante varias semanas sabotearon las calles de Cataluña y dejaron incapacitado de por vida a un policía nacional de 45 años tras los disturbios en la plaza barcelonesa de Urquinaona.
El texto también hace mención a los que atacaron a "funcionarios públicos, entes o instituciones públicas". Se busca así eximir a todos los que rodearon la Consejería de Economía y Hacienda y trataron de linchar a varios funcionarios judiciales, mientras estaban registrando la sede durante el 20 de septiembre de 2017.
Durante aquella operación, que trató de frenar una operación contra el referéndum, se produjo una de las imágenes más icónicas del procés al destrozar los coches de la Guardia Civil que estaban en el exterior. Los manifestantes pintarrajearon los coches, destrozaron sus cristales y se subieron a los techos.
En línea con el borrador que presentó Sumar, y en contra de ERC y Junts, la norma final también tiene previsto amnistiar a los cuerpos de seguridad por tratar de evitar el referéndum cumpliendo órdenes del Tribunal Constitucional. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha imputado a 45 agentes por las cargas del 1-O y sobre ellos varios delitos como torturas. Si son condenados, quedarían excluidos de la amnistía en virtud del artículo 2 donde se cita las "torturas" o los "tratos inhumanos".
Puigdemont, a la calle
La norma es contundente. Afirma que "el órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía" y que "quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura". Es decir: en cuanto que la norma sea aprobada y publicada en el BOE, el magistrado Pablo Llarena tendrá que retirar la euro-orden contra Carles Puigdemont que podría volver a España sin haber pisado la cárcel por sus delitos.
El expresidente "no tendrá derecho" a percibir indemnización de ninguna clase. Los empleados públicos "sancionados" recuperarán todos sus derechos y se podrán "reincorporar" a sus puestos.