El expresidente de la Generalidad huido en Bélgica, Carles Puigdemont, teme por su seguridad y quiere que la administración autonómica le dote de mossos con funciones de guardaespaldas. El jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, investigado por varios casos de presunta malversación y por sus contactos con elementos del régimen de Putin, envió una carta al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ex del PSC y ahora en ERC, para que envíe mossos a Waterloo. La misiva tiene fecha de 4 de noviembre y en ella, además de pedir protección, reprocha al titular del departamento que no le haya contestado aún otra carta remitida en enero de 2022.
Según la carta que ha difundido el digital independentista El Nacional, Alay se remite a varias leyes y disposiciones autonómicas para exigir que se dote a Puigdemont de personal de seguridad en su "exilio" belga. "De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Generalidad de Cataluña y en relación con lo establecido en el artículo 4.4 del decreto 195/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalidad de Cataluña así como de otras normas concordantes y de aplicación, por medio del presente escrito solicito de nuevo la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de los Mossos d'Esquadra que son necesarios para el desarrollo de las funciones del MH Sr. Carles Puigdemont en su condición de 130º presidente de la Generalidad de Cataluña, teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio", reza el párrafo principal de la misiva.
Alay explica también que han pasado 22 meses desde la carta de enero de 2022 sin recibir respuesta por parte de la consejería de Interior y que lleva reclamando escolta para el prófugo desde la creación de la oficina de Puigdemont en calidad de expresidente de la Generalidad, una oficina similar a la que disponen Artur Mas o José Montilla que a pesar de su condición de huido de la justicia fue habilitada por la administración autonómica para la asistencia del ahora eurodiputado.
El caso de Buch y Escolà
Puigdemont dispuso para su seguridad personal del exsargento de los Mossos Lluís Escolà, fichado como asesor por el que fuera consejero de Interior Miquel Buch, de Junts, pero que en realidad ejercía de guardaespaldas de Puigdemont en el extranjero. Tanto Escolà como Buch fueron condenados el pasado mes de julio a causa de estos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Antes de la ruptura del pacto entre Junts y ERC en la Generalidad, Puigdemont dejó de tener escolta, aunque es habitual la presencia en Waterloo de agentes de los Mossos fuera de servicio en funciones de vigilancia y protección del líder separatista.
La proposición de ley de amnistía contempla específicamente los casos de Lluís Alay, Miquel Buch y Lluís Escolà como beneficiarios de la norma. Pero ahora y de cara a un previsible regreso de Puigdemont a España, su jefe de oficina reclama escolta aduciendo "el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo detectado especialmente desde hace algunas semanas".
La respuesta de la consejería de Interior es que se dirigirá al ministerio del Interior para recabar la autorización, puesto que sus competencias sólo le permiten destacar guardaespaldas para los miembros de la Generalidad sólo en sus viajes a Andorra.