Mientras España entera está pendiente de la investidura de Pedro Sánchez, la cuenta atrás para la aprobación de la ley de amnistía ya se ha puesto en marcha en el Congreso de los Diputados. Según las primeras estimaciones, la polémica norma podría entrar en vigor, como muy tarde, el próximo mes de marzo.
Para ello, tendrá que pasar su correspondiente trámite tanto en la Cámara Baja como en el Senado, donde los populares acaban de aprobar una reforma que, si bien podría retrasar su aprobación definitiva, no servirá para tumbarla, ya que la última palabra siempre la tendrá el pleno del Congreso, donde el PSOE y sus socios cuentan con mayoría absoluta.
La Mesa del Congreso
El primer paso ya lo dio este lunes el PSOE al registrar formalmente su propuesta de 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña'. Ahora, el texto deberá recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, lo que se conoce como calificación, un trámite que, en principio, tendrá lugar el martes de la próxima semana.
PSOE y Sumar cuentan con mayoría en este órgano, por lo que no se prevé que haya sorpresas. La decisión sobre la tramitación urgente también corresponde a la Mesa, así que también se da por hecho que los plazos se reducirán a la mitad, pudiendo dilatarse un mes aproximadamente.
Informes no vinculantes
Los servicios jurídicos de la Cámara podrán estudiar el texto y emitir un informe al respecto. Así lo hicieron en 2021 cuando los letrados se mostraron en contra de la calificación de la ley de amnistía registrada entonces por ERC al considerarla inconstitucional. Sus estimaciones no son vinculantes, pero, aun así, hace dos semanas, la presidenta del Congreso nombró un nuevo letrado mayor próximo al PSOE, lo que muchos interpretaron como una forma de cubrirse las espaldas.
Se trata de Fernando Galindo, hasta entonces, subsecretario del Ministerio de Política Territorial que dirige la también portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Aunque el nombramiento está amparado por el marco legal, puesto que únicamente se exige que el elegido lleve al menos cinco años en el Cuerpo de Letrados, es la primera vez que se recurre a alguien que proviene directamente del Gobierno.
Lo que no será obligatorio, al haberse optado por una proposición de ley y no por un proyecto de ley, es que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitan sus respectivos informes, algo que, sin lugar a duda, beneficiará a Sánchez y a sus socios, ya que, previsiblemente, serían demoledores.
El visto bueno del Gobierno
Una vez que la Mesa del Congreso de su conformidad, la propuesta de ley será publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se remitirá al Gobierno para que dé su visto bueno. Para ello, Sánchez y sus ministros disponen de un plazo de un mes. Sin embargo, es más que probable que no tarden ni 24 horas, como ya sucedió con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición.
Salvado este trámite, la Junta de Portavoces podrá poner fecha al debate de toma en consideración en el Pleno y, cuando la Cámara dé vía libre, la Mesa tendrá que abrir un primer plazo para la presentación de enmiendas al texto.
Votación de enmiendas
Las enmiendas de totalidad deberán ir acompañadas de un texto alternativo, algo a lo que previsiblemente se acogerán PP y Vox para dejar constancia de su oposición frontal al texto. Además de la vía de urgencia, el PSOE podría pedir que la proposición de ley se tramite en lectura única, lo que implica desarrollar en el Pleno todas las fases sin pasar por ponencia ni comisión. Esta tramitación exprés debe ser aprobada por el Pleno, pero esto tampoco plantea ningún problema, ya que el PSOE y sus socios también cuentan con mayoría para sacarla adelante.
Con todo, el Congreso de los Diputados podría aprobar el texto en tres semanas, lo que supondría llegar al Día de la Constitución con todos los deberes hechos, a la espera de que el Senado tome el relevo en la tramitación.
La tramitación en el Senado
El artículo 90 de la Constitución establece un tope de 20 días para dirimir proyectos urgentes declarados como tales por el Congreso. Sin embargo, haciendo valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP ha aprobado una reforma que confiere a la Mesa del Senado la potestad de decidir nuevamente si la proposición en cuestión se tramita con carácter urgente o de manera ordinaria.
El objetivo es que la ley de amnistía se tramite por esta última vía, lo que permitiría alargar el proceso hasta dos meses, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna. Durante este tiempo, PP y Vox, que ya han anunciado que solicitarán todo tipo de comparecencias de personalidades jurídicas y europeas, tienen dos opciones: vetar la tramitación de la iniciativa -lo que obligaría al Congreso a levantar ese veto con una mayoría absoluta que, en todo caso, tendrían garantizada- o tramitarla e introducir modificaciones, unos cambios que después tendría que deshacer la Cámara Baja.
Aprobación definitiva y entrada en vigor
Esta última opción retrasaría algo más la aprobación de la ley de amnistía. En primer lugar, el Congreso requeriría mayoría simple para refrendar o borrar las nuevas enmiendas del Senado, pero al final, al tratarse de una ley orgánica, siempre necesitaría mayoría absoluta para su aprobación definitiva.
Con todo, y teniendo en cuenta que el mes de enero es inhábil, en el peor de los casos, la entrada en vigor podría retrasarse hasta marzo. Sin embargo, hay otras variables a tener en cuenta. Sin ir más lejos, el recurso de amparo que el PSOE ya ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional para impedir la reforma del Reglamento del Senado.