Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno en el Congreso, en primera votación, con una mayoría absoluta de 179 votos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y CC, que se han impuesto a los 171 de PP, Vox y UPN. Su reelección da paso a una etapa repleta de incertidumbres en nuestro país que vendrá marcada por la división y el enfrentamiento que propician la Ley de amnistía y los referéndums exigidos por sus socios separatistas.
El Pleno de investidura avanza una legislatura muy difícil, con un Parlamento dividido en dos, en el que los socialistas deberán rendir cuentas permanentemente a sus socios para refrendar día a día su mandato. Así se lo dejó claro la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, durante la primera sesión, en la que le hizo cambiar incluso su discurso bajo amenaza de no apoyar su investidura.
También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la de Bildu, Mertxe Aizpurúa, dejaron claro que si Sánchez quiere resistir otros cuatro años deberá pagar un precio más alto que en la anterior legislatura, y que pasa por la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña y el País Vasco, no sólo una amnistía para los procesados por el golpe de Estado del 1-0.
Sánchez, rendido ante sus socios
"Escucharé todas sus demandas", afirmaba Sánchez cuyo acuerdo con Bildu sigue sin conocerse. El candidato socialista también dejaba la puerta abierta a una interpretación a la Constitución favorable a los separatistas." Las normas deben interpretarse con arreglo al espíritu vigente", quien elogiaba la Carta Magna por "su capacidad de adaptación a una realidad que es mutable, cambiante, con el paso del tiempo". La portavoz de Otegi se lo agradeció asegurando que "hoy todo no ha hecho más que empezar" y exigió "un referéndum como el de Escocia".
Unas amenazas que se extendieron durante todo el miércoles. Nogueras advirtió a Sánchez que "no debe tentar la suerte" y estará obligado a cumplir lo pactado, mientras Rufián le advirtió que "no hay alternativa" a cumplir con los separatistas. Desde el PNV, Aitor Esteban, que volaba los puentes con el PP amenazando con desvelar lo que le había ofrecido Feijóo.
A todos ellos, Sánchez les dedicó buenas palabras, prometiendo dar satisfacción a sus peticiones. Lo mismo con Coalición Canaria. La diputada Cristina Valido aseguró que el acuerdo suscrito con el PSOE responde "a los intereses de Canarias". Desde el BNG, Néstor Rego, defendió "el derecho a decidir de Galicia".
La oposición frene a Sánchez
Frente a todos ellos, Alberto Núñez Feijóo se alzó como "líder de la resistencia" y advirtió de que el PP utilizará todos los mecanismos a su alcance, en las instituciones, los gobiernos o la calle, para intentar impedir que consumen sus planes. "La Historia a usted no le amnistiará", le advirtió a Sánchez durante su intervención.
También el líder de Vox, Santiago Abascal, defendió la necesidad de frenar a Sánchez, al que acusó de promover un golpe de Estado, provocando un duro enfrentamiento con la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que censuró sus palabras. El partido abandonó después el hemiciclo y se fue con los escasos manifestantes, apenas 150, que se congregaban en los alrededores del Congreso, blindado por 1,600 policías, vallas y furgones de los antidisturbios.
Un mandato incierto
Este será el tercer mandato de Sánchez que, hace cinco años, accedió por primera vez a La Moncloa a través de una moción de censura, a la que siguió un año después la convocatoria de elecciones, después repetidas, en las que logró imponerse como primera fuerza política. Ahora, el líder del PSOE se ha hecho con la presidencia a pesar de quedar segundo en los comicios, por detrás de Alberto Núñez Feijóo.
Ha logrado hacerse con la presidencia pactando con comunistas y separatistas la entrega de la soberanía nacional y la persecución del poder judicial, a cambio de sus votos. El único acuerdo que todavía queda por esclarecer es el suscrito con Bildu. Los pactos con Junts y ERC han encendido todas las alarmas hasta el punto de que jueces, fiscales, abogados, policías, sindicatos y otros funcionarios públicos han alzado la voz para alertar de sus graves consecuencias. Entre ellas, el fin del estado de derecho y la separación de poderes, asomando a España al abismo de lo desconocido.