El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), fue "acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de julio de 2019". Según ese organismo de exportación del totalitarismo comunista -respaldado por la dictadura cubana y venezolana, Evo Morales, Rafael Correa y otros tantos promotores de la izquierda más extrema-, nació "con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política". La lucha contra el lawfare con la que ahora se pretende atacar a los jueces españoles. Y en esa estructura la presencia de españoles es llamativa. Tres, en concreto, son los más llamativos: Baltasar Garzón, Gerardo Pisarello y María José Fariñas. Un cuarto -ecuatoriano-español- cierra el equipo: Adoración Guamán.
"La región está experimentando una ofensiva desde poderes fácticos que, entre otros subterfugios, utiliza el sistema de Justicia con el propósito político de atacar las experiencias progresistas de los gobiernos, sus partidos y líderes", señala el documento oficial explicativo de la fundación del CLAJUD en el seno del Grupo de Puebla. "De este modo, grupos de comunicación, conglomerados económicos, gremios empresariales, organizaciones internacionales, agencias de calificación de riesgos, están haciendo política sin haber ganado un voto, y por tanto, sin responsabilidad pública y usando, como estrategia, la judicialización de la política", describe esa misma documentación. Se trata, simple y llanamente, de la descripción del lawfare que ahora utilizan los socialistas, proetarras, separatistas y comunistas en España para montar comisiones de investigación contra los jueces por haber aplicado el Código Penal.
"El CLAJUD, buscará entonces, analizar los desafíos comunes con respecto al sistema de Justicia de los diferentes países miembros, así como la búsqueda de iniciativas conjuntas para promover la justicia social y el estado de derecho democrático, en un permanente compromiso con la soberanía popular y la igualdad de derechos", añade el texto.
Hay que recordar que justo ese término -soberanía popular- ha abierto ya una polémica en España. El preámbulo de la Ley de Amnistía lo utiliza sin disimulo pese a que la Constitución Española habla de "soberanía nacional". Y la diferencia es notable. El usado por los comunistas de Puebla no reconoce la soberanía del pueblo convertido en nación -única e indivisible, según el artículo 2 de la Carta Magna española- ni asume el papel de las instituciones propias de una nación. El plasmado por la Constitución Española, por el contrario, sí
La cabeza jurídica española de este equipo es, como resulta obvio y ya ha publicado LD, Baltasar Garzón. Ex juez condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, ha hecho recientemente gala de su coordinación con el Grupo de Puebla para atacar desde ese foro a los jueces españoles con el argumento del citado lawfare. "Les confieso que estoy preocupado". Así comienza su aportación el ex juez al que se inhabilitó por prevaricar desde el cargo. Y en ese artículo, la pareja de Dolores Delgado -recién separada de su cargo de fiscal de sala por el Supremo por haber sido elevada a él, tras ser fiscal general, sin cumplir con los requisitos en un acto de "abuso de poder"- ataca a los jueces españoles por cometer lawfare. Justo la misma acusación pactada entre el PSOE y Junts.
Pisarello, por su parte, ha sido vicealcalde del Ayuntamiento de Barcelona (2005-2019) con Ada Colau y es portavoz de Catalunya en Comú y diputado ahora por el grupo "plurinacional Sumar". Gerardo Pisarello, fue el elegido en su momento por Pablo Iglesias para el papel de secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y saltó al conocimiento general tras intentar arrancar una bandera española durante las fiestas de la Merced de Barcelona en 2015.
María José Fariñas, por su parte, es profesora del Master y Doctorado en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos "Gregorio Peces-Barba", profesora del Master en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate (País Vasco), profesora del Master en Derechos Humanos, Desarrollo e Interculturalidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Profesora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Además es profesora de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y ha sido asesora del gabinete de la presidencia del Gobierno de España durante las dos legislaturas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.