La Mesa del Congreso ha aprobado conceder otros quince días a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen sobre la Ley de Amnistía, lo que da a PSOE y Junts otros quince días para seguir negociando hasta el próximo 7 de marzo. El Gobierno insiste en que la norma no puede ser modificada mientras los socios separatistas presionan para incluir los delitos de terrorismo y traición para beneficiar a Carles Puigdemont.
Al margen de las negociaciones, que continúan abiertas, la tramitación parlamentaria de la ley genera todo tipo de dudas jurídicas y abre la puerta a posibles recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que debería pronunciarse sobre la ley antes incluso de que esté definitivamente aprobada, tal y como informó Libertad Digital.
La reunión en la que se ha acordado prorrogar los plazos ha durado casi dos horas y ha provocado un encendido debate entre sus miembros a cuenta de este asunto, según trasladan fuentes de la Mesa, que advierten de que se está "retorciendo el Reglamento hasta límites insospechados". "No se nos han dado explicaciones ante esta decisión tan controvertida, es todo una tomadura de pelo y una falta de respeto a la institución", destacan.
Estas mismas fuentes recuerdan que la Ley de Amnistía se tramitó por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad y, por tanto, el límite para emitir el dictamen era de quince días, y no de un mes como ha quedado finalmente fijado. Advierten, de que esta vía abre la puerta a que la norma pueda sufrir nuevas prórrogas al haberse aplicado el procedimiento general, en lugar del de urgencia.
La tramitación de la amnistía por el procedimiento rápido impidió que pudiera consultarse a expertos o que se pronunciaran el Consejo de Estado o el CGPJ, de forma que el Gobierno eludió los controles institucionales, como ya ocurrió con los indultos después de la mala experiencia que tuvo con la Ley del Sólo sí es Sí, sobre la que alertaron estos órganos constitucionales a los que, finalmente, dio la razón cuando se vio obligado a reformarla.
Fuentes parlamentarias lamentan el "permanente rodillo" que ha impuesto la mayoría de izquierdas de PSOE y Sumar en la Mesa para favorecer los intereses del Gobierno y advierten de que "se está poniendo en tela de juicio el prestigio del Congreso". "¿Hasta cuándo van a condicionar los trámites parlamentarios y el prestigio de esta Cámara a las estrategias partidistas?", se preguntan, destacando que no se ha dado ninguna explicación sobre la decisión adoptada.