El Gobierno de Pedro Sánchez se podría enfrentar a una inconstitucionalidad al renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado e ir de forma directa a una prórroga. La Carta Magna asegura en el artículo 134.3 que el Ejecutivo "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados" las cuentas y le pone como plazo hasta "al menos tres meses antes de la expiración del año anterior".
Es decir, establece la obligación de presentar los PGE. Ya en el artículo 134.4 regula las prórroga si no se consiguen los apoyos parlamentarios. La decisión de Sánchez de renunciar a presentarlos, para evitar una derrota en el primer año de legislatura, es un hecho inusual y no hay precedentes. Varios juristas consultados por Libertad Digital consideran que es una "obligación presentarlos" y que la "única excepción" fue la de 2020, en plena pandemia, y que se justificó "porque la Cámara estaba disuelta". Algo que esta vez el Ejecutivo no puede alegar.
"En todos los casos se han presentado, sea dentro de plazo o fuera de plazo, es decir, con presupuesto prorrogado", sentencian fuentes jurídicas expertas en derecho constitucional que recalcan que "la omisión de presentación es más grave que saltarse el plazo".
Algunos, incluso plantean que se podría "cuestionar la prórroga automática" al no haberse celebrado previamente un debate parlamentario sobre las cuentas. De hecho, entienden que prorrogar las cuentas "es un efecto si no se aprueban" pero que "no afecta a la obligación de presentarlos". Incluso establecen un paralelismo con otros países. Un ejemplo es Estados Unidos donde, si no hay prórroga, se cancelan todas las autorizaciones de gasto, y que recibe el alegórico nombre de "cierre de Gobierno".
División en el Gobierno
En Hacienda lanzan balones fuera, al ser preguntados por este periódico, y dicen que "prórrogas hay muchas" en la historia. En efecto, en España pasó con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 o 2017. El caso más paradigmático fueron las últimas elaboradas por el popular Cristóbal Montoro, que se realizaron en 2018 y duraron hasta 2020,.pero todos esos años, a excepción del pandémico 2020, el Gobierno siempre presentó unos PGE que fueron tumbados por el Congreso. Una apreciación que no quieren aclarar en el ministerio de María Jesús Montero.
Hay un sector del Gobierno que reconoce que habría que presentar las cuentas. Es el del socio minoritario, Sumar. Como se encargó de afirmar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "quien gobierna tiene la responsabilidad de buscar apoyos" y "negociar hasta el final". La ministra de Trabajo aseguró que "respetamos, pero no compartimos, la decisión del presidente" de renunciar a unos nuevos Presupuestos del Estado para 2024 a causa del anticipo electoral en Cataluña. Unas declaraciones que no gustaron en el sector socialista del Gobierno.