Los contratos de compra de mascarillas del Gobierno balear comandado por Francina Armengol no se denunciaron en tres años. En Canarias se modificaron contratos para aceptar las mascarillas que llegaban aunque no fueran las pactadas. En Interior nadie protestó porque venía indicado por otro departamento ministerial (Transportes). En ADIF se aceptaban elevaciones del precio sin rechistar. Y todos los contratos venían de la trama del PSOE. La UCO sospecha de una orden general para no reclamar y esa orden tuvo que llegar por encima de José Luis Ábalos.
La UCO de la Guardia Civil tiene cada vez más claro que la trama no empezaba en José Luis Ábalos. Y es que el número de comunidades autónomas bajo mando socialista, ministerios del Gobierno socialista y asesores de cargos socialistas implicados en la trama empieza a ser tan elevado que resulta complicado pensar que un segundo o tercer nivel pudiera coordinar todo el mecanismo.
La UCO ha dejado constancia de estos hechos en diversos pasajes del sumario. Pero dos de ellos son altamente representativos. Uno de ellos hace referencia a los contratos de mascarillas firmados en el covid por Adif. Se trata de la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes gestora de la red ferroviaria española. Pues bien, la UCO señala que "en relación al expediente que nos ocupa, si bien la documentación relacionada con los trámites de adjudicación y desarrollo del suministro está muy completa", también es verdad que "se han detectado diversos aspectos en los que no concuerda lo pactado con lo ejecutado, y es que en base a la documentación analizada, la facturación aportada por Soluciones de Gestión [la principal empresa de la trama] indica que se han entregado 5.028.500 mascarillas (28.500 más de las inicialmente pactadas) y se ha cobrado por las mismas 12.570.650 (70.650 euros más de lo inicialmente pactado)". Dicho de otro modo, se infló el contrato con más de 70.000 euros no pactados y nadie protestó. La UCO sospecha obviamente de que la presión para aceptar los contratos hizo que se anularan los controles habituales en este tipo de contratos. Y es que a nadie le pudo pasar desapercibido que el contrato llevase un ‘postre' de 70.650 euros.
La UCO prosigue en el sumario y señala: "Sin embargo, si se atiende a las actas de entrega de material, las cuales están firmadas en prueba de conformidad tanto por personal de Soluciones de Gestión, como por personal de la propia ADIF, se especifica que las mascarillas entregadas son los 5.000.000 reflejados en el acuerdo". Es decir, que se ocultó la irregularidad.
Algo parecido ocurrió con los contratos firmados en el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska por la Secretaría de Estado de Seguridad. La persona que habló con los agentes de la UCO les dijo "que las empresas que resultaron adjudicatarias de los referidos contratos de emergencia surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario, siendo que los representantes de los demás Ministerios manifestaron que dada la escasez de material sanitario que había en esos momentos unido a las dificultades para acceder a líneas de compra, decidieron acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Fomento y Transportes".
De hecho, a la vista de todo ello, el día 02 de junio de 2022 se practicó un nuevo requerimiento a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad en la que sí se aportó documentación. Pero, después de analizar todo el material e información, la Guardia Civil concluye lo siguiente: "No obstante lo anterior, es necesario dejar constancia que entre la documentación aportada y que ahora es objeto de análisis, no se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio de Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión, ni tampoco ningún documento que haga referencia a las referidas comunicaciones con el Ministerio de Fomento o cualquier reunión en la que se decidieran las empresas proveedoras de material sanitario".
La UCO sospecha que alguna orden tuvo que llevar a los distintos departamentos y sociedades públicas para que nadie denunciara lo que ocurría con los contratos.