La filtración de la Fiscalía sobre las conversaciones mantenidas por la defensa del novio de la presidenta madrileñaIsabel Díaz Ayuso y el fiscal del caso acorrala al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Fiscalía de Madrid difundía el pasado jueves un comunicado en el que afirmaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos (dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021) y aceptación de una sanción penal" que había existido hasta la fecha era el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto (Julián Salto) en fecha 2 de febrero de 2024. La propia Fiscalía General del Estado obligó a la Fiscalía madrileña a emitir el polémico comunicado. Mientras tanto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunciaba en las últimas horas la presentación de una denuncia administrativa y otra penal por este asunto.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "Álvaro García Ortiz está contra las cuerdas y lo único que le salva de momento es el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un asunto muy delicado porque afecta al mismísimo fiscal general del Estado. Sus órdenes para que la Fiscalía de Madrid difundiera un comunicado para desacreditar a Díaz Ayuso y a su pareja desvelando la conversación secreta mantenida entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal del caso dejaron huellas. Un rastro que en una investigación penal saldría a la luz".