Nuevas coincidencias delatoras en el caso de la alianza rusa con el separatismo catalán. Y es que el avance de las investigaciones lanzadas empieza a permitir completar el puzzle: en mayo de 2021 la Justicia cerró el caso Volka a petición de la Fiscalía. Se trataba del primer gran caso que investigó la presencia de agentes, mandos del espionaje y hasta granadas en Cataluña a raíz del proceso independentista y el golpe del 1-O. Y también en mayo de 2021 se destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la Policía Judicial. Su nombre era Daniel Baena. Y, entre otras cosas, no sólo investigo y acorraló a los golpistas, sino que también investigó las conexiones con Rusia. Ahora, el Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el PP en la Eurocámara: "La Fiscalía, tanto de Madrid como de Barcelona, ha obstaculizado la investigación de casos de injerencia rusa en el proceso independentista".
La coincidencia está ya en la mesa del Parlamento Europeo. Y es que hasta allí lo ha llevado el Grupo Parlamentario Popular como parte de la documentación entregada para investigar las conexiones entre Rusia y el separatismo.
El texto señala lo siguiente: "En mayo de 2021, un mes antes de que los condenados por sedición en Cataluña fueran indultados, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sustituyó inesperadamente al jefe de la policía judicial de Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena". El documento explica que "el teniente coronel estuvo a cargo de la investigación sobre los acontecimientos del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sus investigaciones fueron de crucial importancia para llevar a buen puerto un proceso que se saldó con condenas de entre nueve y 13 años de prisión para los líderes del proceso independentista". Pero el precio pagado por Baena fue evidente: "Como tal, Baena también fue objeto de una cruel campaña de difamación y acoso por parte de los separatistas en Cataluña antes de ser reemplazado". Pero Baena no sólo investigó el golpe separatista en sí. También lo hizo por medio de su policía judicial en materia de injerencias rusas.
Una de las actuaciones de su policía judicial se plasmó en el caso Volka. Un caso con evidente información sobre la presencia de espías rusos en Cataluña que fue archivado justo también en mayo de 2021 por petición de la Fiscalía. Se trataba del primer caso centrado en las injerencias de Moscú y en manos del juez Aguirre, que se encontró con fuertes obstáculos por parte de la Fiscalía en el momento en el que se pretendió investigar el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, tras confirmarse sus contactos con enviados rusos.
El caso Volka puede ser el más llamativo -aunque no el único- porque en el año 2021 directamente se cerró tras la petición de la Fiscalía. Y se cerró pese a las pruebas que apuntaban a la presencia en España de cinco mandos del espionaje ruso. Nueve meses después de su inicio, Miguel Ángel Carballo, fiscal del Estado en la Audiencia Nacional, presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Pero en ese mismo escrito la propia Fiscalía reveló que "la Policía proporcionó información de un informante con más detalles sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus presuntos vínculos con agentes rusos". Y este informante llegó incluso a proporcionar "la identidad de cinco altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos, así como detalles de tres instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje".
Otros casos han sufrido una evolución paralela. Le ha pasado al caso Voloh -heredero de parte de las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil- y a su juez, el magistrado Aguirre, que llegó a acusar al fiscal de sabotear las investigaciones de los contactos de Carles Puigdemont con Rusia. La Diputación de Barcelona había detectado irregularidades en varios viajes de Josep Lluís Alay y la Fiscalía las ignoró. El magistrado Aguirre pidió explicaciones y llegó a afirmar que el Ministerio Público había "entorpecido" las investigaciones.
La cosa no acabó ahí. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Guardia Civil investigara el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, y llegó a presentar un recurso ante la Audiencia de Barcelona para frenar la decisión del juez instructor.
Todo ello mientras seguía aflorando información sobre los contactos de Alay con representantes rusos. De hecho, se reunió en Moscú con agentes de Inteligencia, periodistas involucrados en las campañas de propaganda y desinformación del Kremlin y un consejero del Ministerio de Energía de ese país para abrir un canal de colaboración secreto con la Administración de Putin, según las investigaciones realizadas en aquel momento.
El teniente coronel Daniel Baena fue el jefe de la investigación del 1-O, y fue sacado de su puesto como responsable de Policía Judicial de Cataluña tras haber sido atacado por los partidos catalanes independentistas, que no dudaron en exigir en público su relevo.
Su cambio de destino fue firmado ya por la polémica directora de la Guardia Civil, María Gámez, la misma que tuvo que ser apartada por aparecer su marido y cuñado en una ramificación del caso ERE.