Sumar pone en segundo plano una hipotética ley de medios al no verlo como algo prioritario ni fundamental, ya que el foco está en el ámbito judicial y social. No obstante, señalan que las subvenciones de las arcas públicas en los medios de comunicación tienen que estar perfectamente detalladas, sobre todo, si vienen por parte de los gobiernos liderados por el Partido Popular y Vox. De esta forma, los socios minoritarios del Gobierno marcan como objetivo los medios de comunicación financiados por la oposición, sin nombrar en ningún caso la mayor fuente de subvención de los medios mayoritarios y oficiales que es el Gobierno de España.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, apela a la "transparencia" para conocer "el reparto de publicidad institucional y los criterios de adjudicación" que se utilizan para otorgar dinero público a medios de comunicación que "agitan" y que "critican lo público" cuando "reciben paguitas de los gobiernos del PP y Vox".
Reclamando una buena salud periodística, Errejón ha manifestado que es importante que la ciudadanía conozca "de qué impuesto" salen "las mentiras, las difamaciones y el odio" que impulsan "una buena parte de webs que se llaman medios de comunicación". En este sentido, desde Sumar invitan a los propios periodistas a hacer "una reflexión militante en defensa del periodismo de calidad". Con estas palabras, el dirigente de Sumar enfrenta a "los que hacen basura" frente a "los que hacen información veraz", sin mencionar en ningún momento aquellas subvenciones que vienen por parte del PSOE y del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez a aquellos medio de comunicación que son de su agrado.
El diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha ido más allá y se ha mostrado a favor de retirar las subvenciones a "determinados pseudomedios, muchos de ellos digitales, que no cumplen con los requisitos básicos de transparencia". En este sentido, Pisarello ha solicitado que se adopten medidas para que no se destine "ni un solo euro" a medios de comunicación que "no hacen público su accionariado o incluso que trabajan sin plantillas".
Desde Sumar defienden que esto no va de limitar la libertad de expresión sino de "garantizar el derecho ciudadano a una información veraz".