La ministra de Igualdad, Ana Redondo, continúa haciendo oídos sordos a los numerosos escándalos que se van destapando al calor de la polémica Ley Trans. En su afán por mantener un perfil bajo, la sucesora de Irene Montero sigue sin atajar la situación denunciada el pasado mes de marzo por la Comunidad de Madrid, que alertó del cambio de sexo registral de seis agresores con el único objetivo de sortear la Ley de Violencia de Género.
Ahora, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres plantea otro caso que considera igualmente "indecente" y exige al Gobierno que explique cómo es posible que la Policía haya incluido a al menos dos hombres en el programa de protección a mujeres maltratadas, conocido como VioGén, sin que ni siquiera hayan solicitado su cambio en el registro. "Que alguien, preferentemente el Ministerio del Interior de Marlaska, nos explique por qué dos varones maltratados por otros varones son inscritos como mujeres (sentidas) en el sistema de protección para mujeres maltratadas", exige esta organización feminista, que asegura que, con decisiones como esta, los socialistas "se cargan la Ley de Violencia de Género".
Se da la circunstancia de que la portavoz de la Alianza es Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE, que, sin embargo, no tiene reparos en cargar abiertamente contra sus antiguos compañeros de partido. "Cuando se está dispuesto a poner en riesgo a las víctimas para NO cuestionar una ley que acumula consecuencias nefastas para las MUJERES, en diferentes ámbitos, entonces podemos decir que se ha tocado fondo en la indignidad política", ha escrito en su cuenta de X.
Dos casos en Andalucía
Los dos casos a los que se refiere tanto la propia Álvarez como la Alianza de la que es portavoz fueron adelantados el pasado domingo por el diario El Mundo. El primero de ellos se habría producido en Sevilla. Según relata dicha información, el pasado 17 de febrero, el Instituto de la Mujer recibió una notificación de un caso de violencia de género, en la que se solicitaba a los trabajadores del centro que se pusieran en contacto con una persona que necesitaba ayuda de forma urgente.
Al llamarla, escucharon una voz femenina, por lo que llegaron a pensar que se trataba de un error. Sin embargo, acto seguido, la propia Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de Sevilla (UFAM), rápidamente se aclara que no hay ningún error. El varón había dicho a los agentes sentirse mujer y, tras valorar el riesgo que su situación entrañaba, éstos habían decidido considerarle como tal para poder protegerle bajo el paraguas del conocido sistema VioGén.
No es el único caso. El segundo habría tenido lugar en Granada, donde un hombre con pasaporte peruano de sexo masculino acudió a denunciar la supuesta agresión perpetrada por su pareja, también varón, y la Policía también optó por darle de alta en el sistema de protección de mujeres maltratadas, tras comprobar que se refería a sí mismo con nombre femenino.
Las polémicas directrices de Interior
Las fuentes consultadas por Libertad Digital enmarcan y justifican esta forma de proceder en las directrices enviadas a los agentes por la Secretaría de Estado de Interior tras la aprobación de la polémica Ley Trans. Dichas directrices facultan a la Policía a otorgar la protección reservada a mujeres maltratadas a hombres que, sin haber cambiado su sexo en el registro, defiendan sentirse mujeres con cierta credibilidad a la hora de presentar la denuncia. La decisión es subjetiva, pero, precisamente por eso, según las fuentes mencionadas, "es normal que, ante el temor a que después les puedan acusar de un delito de odio, los agentes no se compliquen la vida".
El pasado mes de abril, este periódico ya se hizo eco de esas pautas que han causado un gran revuelo. "Con el fin de abordar la protección de las víctimas de Violencia de Género con la mayor unidad de criterio posible, y de asegurar el respeto a la ley y a las diferentes identidades, se establecen las siguientes directrices", reza el documento del Ministerio del Interior remitido a los policías. "El agente protector tendrá en cuenta las circunstancias que rodean a la víctima con el fin de valorar su identificación con el sexo femenino, aunque no haya procedido a la modificación de la mención registral, pudiendo consultar a esta Administración Central en caso de que el contexto genere dudas sobre la forma de proceder", se especificaba ante la posibilidad de encontrarse con algún caso como los registrados en Andalucía.