La Proposición de Ley para despolitizar la justicia comienza esta semana su tramitación en el Congreso. De aprobarse, la norma supondría una enmienda a la totalidad a la política judicial de Pedro Sánchez ya que, por ejemplo, se impediría nuevos casos como los de Dolores Delgado, nombrada fiscal tras cesar de ministra, o los de Juan Carlos Campo, enviado desde el ministerio de Justicia al Constitucional.
El acuerdo entre PP y PSOE, firmado el pasado martes en Bruselas, tuvo una luna de miel de apenas un día. El miércoles por la noche, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguraba que una parte del acuerdo, la que establece que el futuro CGPJ tiene que elaborar en seis meses una nueva norma con "mayor participación de jueces" y acorde "a los mejores estándares europeos", "no es vinculante".
Sus declaraciones provocaban el malestar en el PP. El interlocutor de Feijóo, Esteban González Pons, le conminaba a que "todos cumplamos el acuerdo" y le recordaba que se firmaron tres copias, una de ellas en manos de la Comisión Europea. "Si no se comparte lo firmado haberlo pensado antes", declaraba a la salida del Congreso.
En la dirección del PSOE restan importancia a las declaraciones del PP y creen que responde a un "conflicto" entre "las dos almas del PP". "Cualquier duda, hace que Feijóo se tambalee", sentencian pese al cierre de filas que ha habido en el principal partido de la oposición con un respaldo unánime al acuerdo.
En Ferraz nadie quiere comentar las declaraciones de Bolaños, desligándose de cumplir el acuerdo aunque las matizaciones que ahora añaden suenan a rectificación "El CGPJ hará una propuesta, y el Congreso, como no puede ser de otra manera, la debatirá y aprobará si es el caso", añaden recordando que los "documentos son claros" y el acuerdo "es el que es".
El calendario que viene
La desconfianza mutua entre PP y PSOE vivirá este jueves 4 una primera prueba de fuego con el debate de la toma en consideración. Si se admite la norma, como es de esperar con los votos de populares y socialistas, comenzará su tramitación con carácter de urgencia. El día 11 se debatirán las enmiendas a la totalidad que se espera que registren algunos de los socios del Gobierno, como Podemos o ERC.
El siguiente paso será su paso a la Comisión de Justicia donde se espera celebrar un pleno el día 17 para debatir la ponencia. Si se aprueba, ésta se remitiría al hemiciclo para la aprobación definitiva el día 23. La idea es que la Proposición acabe de ver la luz verde en un pleno del Senado el día 30 o 31 de julio y ya en agosto se publique en el BOE.