El mismo día en que Pedro Sánchez acude al Congreso de los Diputados para presentar su plan de regeneración democrática, estalla un nuevo caso de posible corrupción en el seno del PSOE. La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, y su pareja -asesora del partido en el Senado durante la pasada legislatura- habrían obtenido al menos 64 contratos de ayuntamientos socialistas para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo, según publica El Español.
De acuerdo con la información publicada por este diario, desde mediados de 2022, la facturación de sus empresas habría sobrepasado los 250.000 euros por adjudicaciones a dedo. Además, en el escaso medio año que Isabel García Sánchez lleva en el cargo (desde diciembre de 2023), "ha amañado también dos concursos en la localidad madrileña de San Fernando de Henares por valor de 23.000 euros".
El propio Alberto Núñez Feijóo se lo ha reprochado a Sánchez al inicio de su intervención. Tras reiterarle su apoyo en la lucha contra la violencia de género, el líder del PP le ha puesto una condición: "Que los cargos del PSOE se dejen de lucrar con el dinero destinado a la violencia de género". Ante la cara de extrañeza del presidente y de algunos socialistas, Feijóo insistía: "Sí, señorías, la gestión de los puntos violetas acredita la regeneración que el presidente acaba de trasladar a la Cámara".
A pesar de que los socialistas han tratado de eludir el escándalo que compromete de lleno a la directora del Instituto de las Mujeres, la ministra de Igualdad no ha podido evitar las preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso. "Voy a pedir explicaciones esta misma mañana y voy a escucharla", se ha limitado a responder Ana Redondo.
Isabel García se hace un Sánchez
Por ahora, la única explicación que ha dado a El Español es básicamente la misma con la que Pedro Sánchez ha tratado de parapetarse ante los escándalos que acorralan a Begoña Gómez: "Mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer".
Según su versión de los hechos, ella sólo posee "menos del 10% de las acciones de Elig Consultoría e IMBER Consultoría", las empresas que están en el punto de mira, puesto que el resto se las habría vendido a su pareja. Una venta que, en todo caso, según el Registro Mercantil, se produjo el 6 de marzo de 2024, más de dos meses después de que Isabel García fuese nombrada directora del Instituto de las Mujeres.
Según la información recabada, ninguna de las empresas tiene trabajadores dados de alta y ambas utilizan voluntarios en la mayoría de las actividades que organizan, como los llamados Puntos Violeta, centros de ayuda a las víctimas de violencia de género, en los que se ofrece la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de este tipo y que, además de en determinados lugares fijos, también se suelen colar en fiestas locales para recoger denuncias de intentos de agresión. El problema es que la inmensa mayoría de ellos están financiados con dinero de las políticas de Igualdad impulsadas por el Ministerio, del que Isabel García Sánchez es alto cargo.
Los contratos de la polémica
La mayoría de los 64 contratos adjudicados a las empresas relacionadas con la directora del Instituto de las Mujeres son menores y, por tanto, de concesión directa. Es decir, se pueden otorgar a dedo sin esperar a que haya más ofertas. Sin embargo, también llaman la atención dos concursos adjudicados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) que, aparentemente, habrían sido amañados. Se da la circunstancia de que el alcalde de este consistorio es el socialista Javier Corpas y la concejala de Igualdad es Silvia Buabent, exdirectora del Instituto de las Mujeres entre 2018 y 2019, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
Las sospechas son más que evidentes si tenemos en cuenta que, a pesar de que efectivamente se presentaron tres ofertas, todas ellas estaban relacionadas con la socialista: una por cada una de las dos empresas gestionadas por su pareja y una tercera cuyo correo de contacto es uno personal de la propia García Sánchez. El primero de los contratos adjudicados en marzo de 2024 tenía por objeto el suministro de "materiales divulgativos y publicitarios para la campaña de las jornadas 8-M". El importe que ingresó Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad SL fue de 5.050 euros. El segundo, en mayo de 2024, ascendió a 18.041 euros y estaba destinado a cubrir la organización de "los puntos violeta para las fiestas patronales de San Fernando de Henares de 2024". En este caso, el contrato fue a parar a IMBER Consultoría de Igualdad. Sin embargo, es la otra empresa la que presume en su web de haberse encargado de ello.
Contratos en Valencia
Junto a este ayuntamiento madrileño, son muchos los consistorios valencianos que han adjuficado contratos a las empresas relacionadas con la directora del Instituto de las Mujeres. El último, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, que hace apenas dos semanas, el 1 de julio, formalizó la adjudicación de la gestión del Punto Violeta en las fiestas de Sant Joan. En la nutrida lista también aparecen los consistorios socialistas de Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.
Se da la coincidencia de que antes de aterrizar en la capital, Isabel García fue diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, cargo que ocupó simultáneamente con el de concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) hasta julio del 2019. En un domicilio de esta localidad propiedad de la directora del Instituto de las Mujeres es en la que está domiciliada su empresa Elig Consultoría.
Además, Isabel García ejerció como coordinadora federal LGTB del PSPV y fue secretaria LGTB del partido en la provincia de Valencia, lo que le permitió conocer a José Luis Ábalos, quien en 2019 la ficharía como asesora del Ministerio de Fomento. Tras su abrupta salida del Gobierno en 2022, García Sánchez fue cesada y no fue hasta un año después, en diciembre de 2023, cuando el Gobierno la colocó al frente del Instituto de las Mujeres, un nombramiento no exento de polémica, por sus críticas a la controvertida Ley Trans.