La directora del instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, niega cualquier amaño o trato de favor en los más de 60 contratos adjudicados por ayuntamientos socialistas a las empresas que comparte con su pareja y asegura que cumple "escrupulosamente" la ley reguladora de los conflictos de intereses de altos cargos, "como no podía ser de otra manera".
En un comunicado hecho público este jueves a través de sus redes sociales, la feminista aclara que solo mantiene un 8% de las acciones de las consultoras de Igualdad con las que se habría beneficiado de numerosos contratos de los llamados Puntos Violeta para víctimas de violencia de género e insiste en que jamás ha mediado para conseguirlos. "Nunca he hecho ninguna gestión o recomendación, directa o indirecta, ante los posibles clientes de las empresas, sean públicos o privados, para favorecer ningún contrato. E insisto en que los contratos que se han realizado con entidades públicas de todos los colores políticos y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa -presume-. Tengo la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho las cosas bien".
Os dejo un comunicado que creo necesario publicar en defensa de mi honorabilidad y el de mi pareja. Gracias pic.twitter.com/B7b5T6GU00
— isabel garcia 🏳️🌈💜🙌 (@isagarciasanc) July 18, 2024
Tal y como ella misma reconoce, el comunicado es fruto de la petición expresa de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "en aras de la transparencia, para que no quede ninguna duda" sobr su gestión. Precisamente por eso, se compromete a facilitar "toda la información que sea precisa", al tiempo que exige una rectificación a El Español, el periódico que destapó el escándalo y contra el que ya estudia emprender acciones legales.
"Está en juego mi integridad y mi honorabilidad y no voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional", concluye. La realidad, sin embargo, es que, más allá de la razón por la que los diferentes ayuntamientos socialistas decidieran contratar con sus empresas, los 64 contratos a dedo son reales. Además, El Español la acusa de amañar dos concursos de San Fernando de Henares.
Las sospechas son más que evidentes si tenemos en cuenta que, a pesar de que efectivamente se presentaron tres ofertas, todas ellas estaban relacionadas con la socialista: una por cada una de las dos empresas gestionadas por su pareja y una tercera cuyo correo de contacto es uno personal de la propia Isabel García. Se da la circunstancia de que el alcalde de este consistorio es el socialista Javier Corpas y la concejala de Igualdad es Silvia Buabent, exdirectora del Instituto de las Mujeres entre 2018 y 2019, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
Su versión de los hechos
En el comunicado hecho público este jueves, la aludida viene a justificar la acumulación de contratos por su dilatada experiencia profesional en la materia: "Solo por citar alguna, me referiré a la puesta en marcha de la Red de municipios contra la violencia de género de la provincia de Valencia, de la que fui responsable durante mi época como diputada de Igualdad, Juventud y Deportes en la Diputación Provincial de Valencia o el Feminario de Valencia, un espacio de debate para colaborar en la construcción del conocimiento y pensamiento feminista capaz de dar respuestas a los nuevos retos y realidades".
Según su relato, fue en 2022 cuando decidió constituir una consultoría de Igualdad junto a su mujer, Elisabeth García, quien también habría ejercido de asesora del PSOE en el Senado durante la pasada legislatura. "En ese momento yo ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE, y decidí centrar mi actividad profesional en proyectos enfocados a la igualdad real entre mujeres y hombres (planes de igualdad, conferencias, jornadas, Puntos Violeta, talleres, formación, etc.); proyectos que se ofertaban tanto a empresas privadas o clubes deportivos, entidades públicas (ayuntamientos de todos los signos políticos, universidades, etc.) e instituciones semipúblicas (federaciones deportivas)".
En 2023 fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres y, según aclara, inmediatamente se puso en contacto con la oficina de Conflicto de Intereses para que le indicasen cómo proceder. "Es entonces cuando se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%, es decir, he cumplido y cumplo escrupulosamente la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General de Estado, como no podía ser de otra manera", insiste.
Desde entonces, dice haberse desvinculado "no solo de la titularidad, sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación", de tal forma que sería su esposa la que pasaría a asumir la "gestión exclusiva" de las mismas. "Desde entonces, mi mujer y yo hemos sido muy escrupulosos en nuestras actuaciones profesionales. Ninguna de las empresas de mi pareja ha recibido un solo contrato del Instituto de las Mujeres, ni ahora que yo lo dirijo, ni con anterioridad", aclara.
El aluvión de contratos socialistas
Lo que no desmiente es el aluvión de contratos de ayuntamientos socialistas que las dos empresas aludidas -Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad- habrían recibido y gracias a los que su facturación habría sobrepasado los 250.000 euros en los dos últimos años. El último consistorio en adjudicarle un contrato a dedo fue el de Bonrepòs i Mirambell, que hace apenas dos semanas, el 1 de julio, formalizó la adjudicación de la gestión del Punto Violeta en las fiestas de Sant Joan. En la nutrida lista también aparecen los consistorios socialistas de Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.
El hecho de que todos ellos sean valencianos no es baladí, ya que antes de aterrizar en la capital, Isabel García fue diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, cargo que ocupó simultáneamente con el de concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) hasta julio del 2019. De hecho, en un domicilio de esta localidad propiedad de la directora del Instituto de las Mujeres es en la que está domiciliada su empresa Elig Consultoría.
Además, Isabel García ejerció como coordinadora federal LGTB del PSPV y fue secretaria LGTB del partido en la provincia de Valencia, lo que le permitió conocer a José Luis Ábalos, quien en 2019 la ficharía como asesora del Ministerio de Fomento. Tras su abrupta salida del Gobierno en 2022, García Sánchez fue cesada y no fue hasta un año después, en diciembre de 2023, cuando el Gobierno la colocó al frente del Instituto de las Mujeres, un nombramiento no exento de polémica, por sus críticas a la controvertida Ley Trans.
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